La Ley de Inocencia Fiscal ha comenzado a tener un impacto tangible en el sistema judicial argentino. Recientemente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidió sobreseer a un empresario de la firma Recolección y Limpieza Ambiental S.A. en una causa que lo acusaba de evasión tributaria. Este fallo se fundamentó en la aplicación del principio de ley penal más benigna, tras la entrada en vigencia de la Ley 27.799, que ha elevado significativamente los umbrales de punibilidad en el Régimen Penal Tributario.

El empresario enfrentaba acusaciones por evasión vinculada al Impuesto a las Ganancias y al IVA, con montos que alcanzaban casi $35 millones en total. Sin embargo, la nueva legislación ha fijado en $100 millones el umbral para la evasión simple y en $1.000 millones para la evasión agravada. Esto significa que las conductas que antes podían ser consideradas delitos, ahora quedan fuera del ámbito penal si los montos involucrados no superan estos nuevos límites. La defensa del empresario solicitó el sobreseimiento inmediato, y ARCA, el organismo querellante, no se opuso a la solicitud.

El fallo de Casación, firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, no solo resuelve el caso particular, sino que también establece un precedente importante para futuros casos de evasión tributaria. Borinsky argumentó que los tribunales deben considerar las circunstancias actuales al decidir sobre recursos, lo que incluye cambios legislativos que afectan la tipicidad de las conductas. Este enfoque se basa en la doctrina de la Corte Suprema, que sostiene que si el legislador modifica los umbrales de punibilidad, los hechos anteriores deben ser evaluados bajo la ley más favorable.

Este cambio de paradigma en la política fiscal argentina podría tener implicancias significativas para los contribuyentes. La resolución de Casación podría influir en otros expedientes penales en curso que involucren montos por debajo de los nuevos umbrales, permitiendo a las defensas invocar este precedente para solicitar el sobreseimiento. Para el Estado, esta reforma implica un enfoque más centrado en los casos de mayor gravedad económica, relegando a la vía administrativa los incumplimientos menores. Esto podría resultar en una disminución de las causas penales y un aumento en la confianza de los contribuyentes para regularizar sus situaciones fiscales sin temor a represalias penales.

A medida que el Gobierno avanza con un nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal y Régimen Simplificado de Ganancias, que busca eliminar restricciones patrimoniales y de ingresos, es probable que se intensifiquen los debates sobre la aplicación de estas reformas. Este proyecto incluye medidas como la posibilidad de que los grandes contribuyentes se adhieran al régimen simplificado, aunque sin todos los beneficios del bloqueo fiscal. Además, se redefinirá el concepto de "discrepancia significativa", lo que podría facilitar el cumplimiento fiscal para muchos contribuyentes. La implementación de estas reformas y su impacto en el sistema judicial y fiscal argentino será un tema a seguir de cerca en los próximos meses.