El arquitecto Matías Tabar se presentó espontáneamente ante la Justicia Federal el pasado viernes, con el objetivo de ampliar su declaración en la causa que investiga al vocero presidencial Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Tabar llevó consigo una serie de documentos que incluyen facturas, remitos y capturas de pantalla de chats con proveedores, los cuales fueron incorporados al expediente que tramita en Comodoro Py. En su declaración, el arquitecto confirmó que el costo total de las refacciones en la casa del country Indio Cuá ascendió a 245.000 dólares, un monto que fue abonado en efectivo y sin la correspondiente documentación fiscal, lo que ha despertado el interés de los investigadores federales.

La presentación de Tabar se produce en un contexto de creciente atención mediática sobre las finanzas de Adorni, quien, según la investigación, no podría justificar los gastos relacionados con la compra y remodelación de la propiedad. El arquitecto detalló que el pago se realizó en dos etapas: 55.000 dólares en 2024 y 190.000 dólares en 2025, todo en efectivo. Esta falta de trazabilidad en las transacciones es un punto crítico para la fiscalía, que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados por Adorni, dado que sus ingresos declarados no parecen ser suficientes para cubrir tales gastos.

Además, la casa en cuestión, adquirida por Adorni y su esposa Bettina Angeletti a fines de 2024, aún no figura a su nombre en los registros oficiales, lo que añade un elemento más de irregularidad a la causa. La escritura de compra se firmó el 15 de noviembre de 2024, pero el inmueble sigue registrado a nombre del anterior propietario, Juan Ernesto Cosentino. Esta situación ha llevado a la fiscalía a investigar más a fondo las inconsistencias patrimoniales relacionadas con la adquisición y las obras realizadas en la vivienda.

Tabar también reveló un episodio posterior a la difusión del caso en los medios, donde Adorni se comunicó con él a través de mensajes temporales de WhatsApp, solicitando una conversación. Durante esta charla, el funcionario ofreció su ayuda y la posibilidad de que su equipo lo contactara para asistirlo en su declaración judicial. Sin embargo, Tabar decidió rechazar esta oferta tras recibir asesoramiento legal, buscando evitar cualquier interpretación que pudiera comprometer la credibilidad de su testimonio.

La fiscalía ha solicitado a Tabar que presente contratos, presupuestos y comprobantes de los trabajos realizados, así como un listado del personal involucrado en la obra. Entre los trabajadores figuran albañiles, electricistas y plomeros, y el arquitecto ha aportado información de su teléfono celular, incluyendo contactos y detalles de las personas que participaron en las refacciones. Este caso no solo tiene implicaciones legales para Adorni, sino que también podría influir en la percepción pública del gobierno y su capacidad para manejar la transparencia en la gestión pública, lo que podría tener repercusiones en el clima de inversión en el país.

A futuro, será importante observar cómo avanza esta causa judicial y si se presentan más pruebas que puedan cambiar el rumbo de la investigación. La fiscalía tiene un plazo para presentar sus conclusiones, y cualquier desarrollo significativo podría impactar en la percepción del gobierno y su estabilidad. Los inversores deben estar atentos a cómo se desenvuelven estos acontecimientos, ya que la confianza en la administración pública es un factor clave para el clima de inversión en Argentina.