La privatización de Intercargo, una empresa estatal que opera en los principales aeropuertos de Argentina, ha suscitado un creciente debate tras la revelación de que su precio base de venta es de u$s45 millones, inferior a sus activos corrientes que ascienden a u$s55 millones. Según el informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la compañía tuvo un superávit de u$s20 millones el año pasado, lo que plantea interrogantes sobre la lógica detrás de esta valuación. La empresa, que ofrece servicios de rampa y transporte de pasajeros, es fundamental para la operación de aeropuertos en todo el país, y su privatización podría tener consecuencias significativas en la calidad del servicio en destinos menos rentables.

El contexto de esta decisión se enmarca en un superávit fiscal que se encuentra bajo presión debido a la caída de la recaudación y el aumento de la deuda flotante. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha señalado que la privatización de activos estatales es parte de una estrategia para cubrir baches financieros, con la expectativa de captar alrededor de u$s2.000 millones hasta fin de año a través de concesiones y ventas. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por diversos sectores que cuestionan la sostenibilidad de financiar gastos corrientes mediante la liquidación de activos, especialmente cuando los precios de venta son notablemente bajos en comparación con el valor real de las empresas.

Intercargo no solo cuenta con activos corrientes, sino que también posee aproximadamente u$s38 millones en activos fijos, que incluyen rampas, vehículos y equipamiento en varios aeropuertos. Esto eleva su valoración total a cerca de u$s93 millones, lo que contrasta con el precio base propuesto para su privatización. La falta de una evaluación adecuada por parte de entidades independientes, como el Tribunal de Tasaciones de la Nación, ha generado dudas sobre la transparencia del proceso. La intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que ha sido criticado por su vinculación con el oficialismo, añade un nivel adicional de controversia a la valuación de la empresa.

La privatización de Intercargo podría tener implicaciones directas en el empleo, ya que se estima que alrededor de 1.500 puestos de trabajo están en riesgo. Los gremios han expresado su preocupación por la continuidad de los servicios en al menos catorce aeropuertos, donde la nueva administración podría decidir no operar si no considera rentable el negocio. La falta de garantías en el pliego de condiciones para mantener los servicios en estos destinos podría llevar a una reducción significativa en la cobertura de transporte aéreo en el país, lo que afectaría a los pasajeros y a la conectividad regional.

A medida que se acerca la fecha límite para la presentación de ofertas, que se ha extendido hasta el 10 de junio, la atención se centra en cómo se desarrollará este proceso de privatización. Los inversores y analistas estarán observando de cerca las reacciones del mercado y las posibles ofertas que se presenten, así como el impacto que esto tendrá en la estructura del sector aéreo argentino. La situación de Intercargo es un reflejo de las tensiones más amplias en la economía argentina, donde la privatización de activos estatales se ha convertido en un tema central en la agenda del gobierno actual.