La Inspección General de Justicia (IGJ) de Argentina ha dado un paso significativo hacia la desregulación económica al eliminar un conjunto de medidas burocráticas que, según muchos empresarios y profesionales del sector, eran obstáculos innecesarios para el desarrollo empresarial. A través de la Resolución General 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, la IGJ ha simplificado procedimientos, digitalizado trámites y eliminado requisitos que encarecían la operatoria de las empresas. Esta reforma se enmarca dentro de un proceso más amplio de modernización del Estado impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia, que busca facilitar la interacción entre las empresas y el Estado.

La nueva normativa busca eliminar exigencias que ya no cumplían una función útil de control y que generaban costos desproporcionados para las compañías. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un extenso cuerpo normativo de 424 artículos, que resultaba en un marco regulatorio complejo y poco eficiente. La eliminación de varios artículos sin reemplazo responde a un diagnóstico que señala que la acumulación normativa había creado fricciones operativas y barreras de acceso para la formalización empresarial.

Entre los cambios más destacados, se permite la realización de reuniones societarias de manera virtual por defecto, lo que elimina la necesidad de previsiones estatutarias específicas. Esta modificación se alinea con la tendencia que muchas empresas adoptaron durante la pandemia, facilitando la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de respuesta. Además, la eliminación de la certificación notarial para aceptar cargos societarios representa una reducción significativa de costos y tiempos administrativos, lo que puede incentivar la formalización de más empresas en el país.

La reforma también aborda un problema histórico en la gestión de sociedades comerciales, permitiendo que administradores que deseen renunciar puedan hacerlo de manera más ágil. Si la sociedad no responde a su solicitud en un plazo de cinco días hábiles, la renuncia es aceptada tácitamente, lo que podría reducir la exposición a responsabilidades civiles o penales. Este cambio es crucial para empresas con conflictos internos, donde la parálisis de directorios ha sido un problema recurrente.

A futuro, es importante monitorear cómo estas reformas impactan en el clima de negocios en Argentina. El Gobierno ha expresado su intención de continuar con el proceso de simplificación normativa, lo que podría abrir nuevas oportunidades para la inversión y la creación de empleo formal. La IGJ ha dejado abierta la consulta pública para seguir recibiendo propuestas de simplificación, lo que sugiere que el proceso de modernización del marco regulatorio está lejos de concluir. Las empresas deben estar atentas a estas modificaciones, ya que podrían influir en su operativa diaria y en la toma de decisiones estratégicas en un entorno económico que sigue siendo desafiante.