El Ministerio de Justicia de la Nación ha iniciado una nueva etapa bajo la dirección de Juan Bautista Mahiques, quien ha solicitado la renuncia de varios directores de organismos dependientes de su cartera. Esta reorganización, impulsada por el presidente Javier Milei, busca establecer una nueva mesa política judicial, destacando la influencia de Karina Milei en estos cambios. Entre los organismos afectados se encuentran la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ), donde se han solicitado renuncias para facilitar la transición hacia un nuevo enfoque en la gestión judicial.

La UIF, que ha estado bajo revisión, había experimentado cambios recientes con la salida de su anterior titular, Paul Starc. La nueva dirección busca ajustar controles en el financiamiento de armas y mejorar la supervisión de las operaciones financieras, lo que podría tener implicancias en la regulación del mercado. En paralelo, la IGJ se encuentra en el centro de un conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que añade un componente de tensión a la reestructuración.

Además, el gobierno de Milei planea acelerar el nombramiento de más de 200 jueces federales y nacionales, un paso crucial para cubrir las vacantes que afectan el funcionamiento del Poder Judicial. Este proceso, que requiere la aprobación del Senado, podría ser facilitado por la nueva administración en el Ministerio de Justicia, lo que generaría un impacto significativo en la dinámica judicial del país. La estrategia del gobierno se centra en fortalecer su control sobre el sistema judicial, lo que podría tener repercusiones en la confianza de los inversores.

Con la llegada de Mahiques y su equipo, se espera que se produzcan cambios rápidos en la designación de jueces y fiscales, lo que podría influir en la estabilidad y previsibilidad del marco legal en Argentina. La reestructuración también refleja un intento de Milei de consolidar su poder en un área crítica para la gobernabilidad y la economía del país.