El avance de la minería ilegal en Perú ha llevado al Estado a duplicar la cantidad de interdicciones mensuales en un periodo de solo dos años. Según Rodolfo García, Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, el promedio de operativos pasó de 62 en 2024 a más de 130 en 2026. Este incremento en las acciones contra la minería ilegal es un reflejo de la gravedad del problema, que no solo afecta al medio ambiente, sino que también tiene implicaciones significativas para la economía y la seguridad nacional.

La minería ilegal en Perú representa una economía ilícita que mueve más de 12,000 millones de dólares, lo que la convierte en un desafío mayor que el narcotráfico, cuya economía ilícita es diez veces menor. Sin embargo, el presupuesto destinado por el Estado para combatir esta actividad es desproporcionado: solo 178 millones de soles en 2026, en comparación con los 700 millones asignados a la lucha contra las drogas. Esta brecha en la asignación de recursos pone de manifiesto la dificultad del Estado para enfrentar un problema que tiene un impacto tan amplio en la sociedad peruana.

En términos ambientales, la minería ilegal ha devastado más de 140,000 hectáreas de bosques y ha contaminado al menos 225 cuerpos de agua con mercurio, afectando gravemente la salud de las comunidades locales, especialmente de los pueblos indígenas que dependen de estos recursos. El aumento en el precio internacional del oro, que ha superado los cinco mil dólares la onza, ha incentivado aún más la expansión de estas operaciones ilegales, lo que agrava la situación.

El Estado ha intensificado sus esfuerzos con un modelo de intervención conocido como “modelo Pataz”, que implica la instalación de puestos de control multisectoriales en rutas fiscales clave. Desde 2024 hasta 2026, se han realizado más de 2,300 operativos, con decomisos valorados en más de 7,000 millones de soles. Sin embargo, la exclusión de más de 50,000 mineros del registro de formalización (REINFO) indica que el camino hacia la legalización de la minería sigue siendo complicado y lleno de obstáculos.

A medida que se avanza hacia 2030, el reto es reducir drásticamente la presencia de la minería ilegal. La estrategia nacional contempla controles más estrictos, la recuperación ambiental y la promoción de alternativas económicas en colaboración con gobiernos regionales y el sector privado. La magnitud del problema exige no solo un aumento en los recursos, sino también un enfoque integral que involucre a múltiples actores para abordar las causas subyacentes de la minería ilegal y sus efectos devastadores en el país.