El ministro Flávio Dino del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil tomó una decisión significativa el 5 de mayo de 2026, prohibiendo al Tesouro Nacional retener la tasa de fiscalización que se paga a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM). Esta medida se produce en un contexto de crisis institucional dentro de la CVM, donde se ha señalado una "atrofia institucional y asfixia presupuestaria" que ha afectado su capacidad para regular adecuadamente el mercado de valores. Dino ha solicitado al gobierno del presidente Lula que presente un plan de reestructuración en un plazo de 20 días, lo que resalta la urgencia de abordar la falta de integrantes en el colegiado de la CVM, que actualmente tiene solo dos de sus cinco puestos ocupados.

La situación de la CVM es crítica, especialmente a la luz del escándalo del Banco Master, donde se evidenció que las fraudes millonarias pudieron haberse facilitado por la falta de exigencias de fiscalización. Dino mencionó que la proliferación de fraudes en el mercado de valores es alarmante y que la falta de recursos y personal en la CVM ha contribuido a este problema. La decisión del STF también implica que solo se podrá descontar de la tasa de la CVM la Desvinculación de Receitas da União (DRU), que permite el uso de hasta el 30% de las receitas destinadas a áreas específicas, asegurando que los fondos recaudados se utilicen para su propósito original.