El Gobierno argentino ha presentado un proyecto de ley al Congreso que busca modificar el régimen de subsidios al gas, lo que podría afectar a más de 4 millones de hogares, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa, firmada por Javier Milei y su equipo, propone limitar los subsidios plenos a la Patagonia y a algunas regiones del noroeste, dejando a Buenos Aires como la principal afectada. La medida se enmarca en un esfuerzo por reducir el déficit fiscal y normalizar las cuentas del sistema energético, que ha enfrentado crecientes presiones financieras en los últimos años.

El régimen de Zona Fría, implementado en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, había ampliado los descuentos en las tarifas de gas natural para millones de usuarios, especialmente en el interior de Buenos Aires y en la Costa Atlántica. Con la nueva propuesta, solo los hogares en zonas de severidad climática efectiva y aquellos con ingresos más bajos podrán seguir recibiendo subsidios. Esto significa que muchos usuarios que actualmente disfrutan de descuentos significativos podrían quedar excluidos, lo que generará un aumento en sus facturas de gas.

La modificación del régimen de subsidios también implica un cambio en la forma en que se calculan estos beneficios. En lugar de aplicarse a toda la factura, el subsidio se calculará solo sobre el precio del gas, excluyendo componentes como transporte, distribución e impuestos. Esto reducirá el descuento efectivo para aquellos que permanezcan dentro del nuevo esquema, lo que podría resultar en un aumento significativo en los costos para los usuarios de provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que hasta ahora han recibido descuentos de hasta el 50%.

Desde diciembre, el Gobierno ha estado implementando una segmentación de subsidios a través del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que se centra en hogares con ingresos familiares netos por debajo de un umbral específico. Este enfoque ha dejado a muchos hogares sin acceso a los beneficios de la Zona Fría, lo que ha generado preocupación sobre el impacto en el poder adquisitivo de las familias. En abril, la factura promedio de gas sin subsidios alcanzó los $44,130, mientras que con subsidios, el promedio fue de $33,226, según datos del Observatorio de tarifas y subsidios.

La situación actual plantea un desafío importante para el Gobierno de Milei, que busca equilibrar las cuentas públicas y cumplir con sus compromisos de reducir el déficit fiscal. La reducción de subsidios y el aumento de tarifas son parte de su estrategia para lograr un déficit cero y pagar la deuda. Sin embargo, esto podría generar descontento social y afectar la percepción del Gobierno en un contexto donde la inflación y el costo de vida ya son preocupaciones centrales para los argentinos. A medida que se avanza en la discusión del proyecto en el Congreso, será crucial observar cómo reaccionan los diferentes sectores de la sociedad y qué medidas adicionales podrían implementarse para mitigar el impacto en los hogares más vulnerables.