En las próximas semanas, el Gobierno de Minas Gerais anunciará los detalles finales del proceso de privatización de Copasa, la estatal de saneamiento que opera en el 74% del estado. Esta privatización, que fue una promesa de campaña del exgobernador Romeu Zema desde 2018, ha cobrado impulso en los últimos meses debido a la proximidad del calendario electoral. La compañía, que reportó un lucro líquido de R$ 1,42 mil millones en 2025, atiende a 636 municipios y se espera que la venta genere aproximadamente R$ 10 mil millones, que se destinarán a amortizar la deuda del estado con la Unión, actualmente en R$ 180 mil millones.

La privatización de Copasa se justifica bajo el argumento de que permitirá reducir los gastos del estado y generar recursos para inversiones en infraestructura y saneamiento. El gobierno sostiene que la desestatización mejorará la calidad de los servicios prestados y acelerará los proyectos de saneamiento en Minas Gerais. Sin embargo, este enfoque contrasta con el modelo adoptado en São Paulo, donde la privatización se ha presentado como una forma de anticipar las metas de universalización del acceso al agua y saneamiento.

En el caso de São Paulo, el gobernador Tarcísio de Freitas ha implementado un fondo para mitigar el impacto de los aumentos de tarifas que podrían resultar de las nuevas inversiones. Por el contrario, la administración de Minas no ha indicado que planee abordar este tema, lo que podría generar tensiones con los usuarios de los servicios de agua y saneamiento. Además, la participación del estado en la compañía después de la privatización será significativamente menor, pasando del 50,3% al 5%, lo que limita su influencia en la gestión de la empresa.

La estrategia de privatización de Copasa incluye una oferta subsecuente de acciones en dos etapas. De la participación del 45% que se ofrecerá, el 30% será destinado a un accionista de referencia, mientras que el 15% se ofrecerá al mercado a través de un proceso de bookbuilding. Los interesados en adquirir la participación de referencia deben demostrar haber realizado inversiones significativas en infraestructura en los últimos 20 años, lo que limita la competencia a grandes jugadores del sector.

El proceso de privatización está en marcha, pero enfrenta la supervisión del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais, que ha restringido cualquier acción que implique la venta del control accionario de Copasa hasta que se emita un pronunciamiento definitivo. Esto ha generado cierta incertidumbre en el proceso, aunque el gobierno ha continuado con los actos preparatorios. Se espera que la publicación del prospecto con las reglas definitivas y el cronograma de la oferta de acciones se realice en las próximas semanas, marcando un paso crucial hacia la finalización de la privatización antes de que finalice el primer semestre de este año.