El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, enfrenta un desafío significativo en su último año de mandato, con un déficit presupuestario de R$ 5,2 mil millones. Este déficit se deriva de ingresos de R$ 141,7 mil millones y gastos de R$ 146,9 mil millones, lo que ha llevado a un saldo de caja negativo de R$ 11,3 mil millones al cierre de 2025. La situación financiera de Minas Gerais se complica aún más por una deuda acumulada con la Unión que asciende a R$ 187 mil millones, de la cual el estado necesita saldar el 20% para beneficiarse de la reducción de intereses bajo el Programa de Pleno Pago de Deudas de los Estados (Propag).

Zema ha delineado un plan para abordar esta crisis financiera mediante la privatización y la venta de activos estatales. Entre las medidas propuestas se incluye la venta o transferencia a la Unión de 210 propiedades, así como la privatización de la compañía de agua Copasa y la federalización de las empresas Codemig y Codemge. Este enfoque busca no solo reducir la deuda, sino también atraer inversiones al estado, un objetivo que se ha vuelto crucial en un contexto económico brasileño que muestra signos de desaceleración.

La deuda de Minas Gerais ha crecido considerablemente, de R$ 93,9 mil millones en 2019 a R$ 187 mil millones en 2026. Zema sostiene que su administración ha logrado poner en orden las cuentas del estado, a pesar de la crítica que recibe por el aumento de la deuda. En su defensa, argumenta que su gobierno ha cumplido con los compromisos financieros, a diferencia de la administración anterior, que dejó de pagar diversas obligaciones. La situación actual, aunque complicada, se considera manejable gracias a la implementación del Propag, que promete aliviar la carga de la deuda en los próximos años.

Las iniciativas de Zema para atraer inversiones han comenzado a dar frutos, con un notable incremento en la inversión privada en Minas Gerais, que ha alcanzado R$ 530 mil millones en comparación con los R$ 26 mil millones durante la administración anterior. Este cambio se atribuye a la desburocratización de procesos para la apertura de empresas, lo que ha creado un entorno más favorable para los inversores. Sin embargo, el futuro de la privatización de Cemig, la empresa de energía estatal, sigue siendo incierto, ya que el proyecto enfrenta resistencia en la Asamblea Legislativa, especialmente en un año electoral.

A medida que se acerca el leilão de la Copasa, programado para el primer semestre de 2026, los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estas privatizaciones y su impacto en la economía de Minas Gerais. La capacidad del estado para revertir su situación financiera dependerá en gran medida del éxito de estas iniciativas y de la respuesta del mercado a las reformas propuestas por Zema. Además, la política local podría influir en la implementación de estas medidas, dado que el año electoral podría complicar la aprobación de reformas necesarias.