En la primera mitad de 2025, las multas impuestas por delitos de lavado de dinero en Estados Unidos alcanzaron los $900 millones, superando significativamente las sanciones por violaciones de valores, según un informe de CertiK. Este cambio en el enfoque regulatorio indica un giro notable en la supervisión de las criptomonedas, donde las multas relacionadas con el lavado de dinero han pasado a ser la principal amenaza regulatoria para las empresas del sector. En contraste, las penalizaciones específicas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) cayeron un 97% en valor, de $4.9 mil millones en 2024 a solo $142 millones en 2025.

El informe destaca que las fallas en el monitoreo de transacciones y en la obtención de licencias están generando sanciones que rivalizan o superan las de los casos de valores anteriores. Por ejemplo, el acuerdo de $504 millones alcanzado por el intercambio OKX en febrero de 2025 y los $297 millones pagados por KuCoin en enero de 2025, ambos por operar negocios de transmisión de dinero no autorizados y violaciones de la Ley de Secreto Bancario. Este cambio en el enfoque de las multas refleja una reevaluación de la jurisdicción de la SEC sobre los activos digitales y un cambio en la política de la administración estadounidense.

Además, las multas por lavado de dinero en Europa aumentaron un 767% en el mismo período, mientras que los reguladores de Asia-Pacífico están optando cada vez más por revocaciones de licencias y órdenes de mejora empresarial en lugar de sanciones monetarias. Este cambio en la regulación global se alinea con la implementación de normas prudenciales más estrictas para custodios y exchanges, que ahora abarcan la adecuación de capital, la segregación de activos y la gestión de liquidez. Las nuevas normas del Comité de Basilea para activos cripto, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, también han creado una “división estructural” para la adopción institucional, donde los activos del Grupo 2, como Bitcoin y Ether, enfrentan cargos de capital cercanos al 100%, lo que dificulta su tenencia por parte de los bancos.

Para los inversores, este cambio en el enfoque regulatorio puede tener implicaciones significativas. Las empresas de criptomonedas que no cumplan con los nuevos estándares de cumplimiento podrían enfrentar sanciones severas, lo que podría afectar su viabilidad a largo plazo. Además, la creciente presión sobre las plataformas de criptomonedas para implementar auditorías de seguridad obligatorias podría aumentar los costos operativos y afectar la rentabilidad. Los inversores deben estar atentos a cómo estas regulaciones impactan el mercado de criptomonedas y la forma en que las empresas se adaptan a estos nuevos requisitos.

A medida que se avanza hacia la implementación de regulaciones más estrictas, es crucial monitorear cómo los reguladores en diferentes jurisdicciones, incluida América Latina, adoptan estas normas. La creciente presión para cumplir con los estándares de lavado de dinero y las auditorías de seguridad podría influir en la forma en que las empresas de criptomonedas operan en la región. Además, el desarrollo de marcos regulatorios para stablecoins y activos digitales en América Latina podría ser un factor clave en la evolución del mercado cripto en la región, especialmente en países como Brasil y Argentina, donde la adopción de criptomonedas está en aumento.