La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, ha expresado su fuerte rechazo a la reciente decisión del Gobierno argentino de eliminar el programa Volver al Trabajo, que otorgaba un ingreso mensual de $78.000 a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Durante su participación en el programa QR! de Canal E, Frade subrayó que mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, se prepara para presentar su informe en Diputados, el Gobierno está llevando a cabo un ajuste que afecta directamente a los sectores más necesitados. La eliminación de este programa, que fue establecido durante la gestión de Mauricio Macri, ha generado un gran malestar social, ya que se considera que no solo afecta a los beneficiarios directos, sino que también impacta negativamente en la economía de barrios y municipios enteros.

Frade argumentó que la resolución judicial que ha frenado parcialmente la baja del programa revela la falta de una política efectiva por parte del Ministerio de Capital Humano, que debería demostrar que existen alternativas viables para los beneficiarios antes de quitarles el apoyo económico. La diputada enfatizó que el ajuste no está dirigido a los sectores privilegiados, sino que recae sobre quienes más necesitan asistencia estatal. “Les están sacando el pan a los más pobres”, afirmó, haciendo hincapié en que este tipo de decisiones solo alimentan el descontento social.

El programa Volver al Trabajo fue implementado como parte de la Ley de Emergencia Social y ha sido un pilar para el sustento de un millón de trabajadores en la economía popular. Frade destacó que el dinero que reciben estos beneficiarios no solo es crucial para su supervivencia, sino que también sostiene el consumo en sus comunidades. “Son dos garrafas menos al mes, y eso afecta a toda la economía local”, advirtió. Este tipo de recortes, según la diputada, no solo perjudica a las familias, sino que también puede tener un efecto dominó en la actividad económica de las regiones más vulnerables.

El clima de tensión social se intensifica, y Frade ha alertado sobre el creciente malestar en los sectores populares, que se sienten cada vez más organizados y dispuestos a confrontar al Gobierno. “La organización crece, las ganas de salir a confrontar con el Gobierno crecen”, afirmó, sugiriendo que el descontento no solo se dirige hacia el presidente Javier Milei, sino que se extiende a toda la clase política. Este contexto de descontento podría llevar a un aumento en la movilización social, lo que podría complicar aún más la gobernabilidad en el país.

De cara al futuro, es crucial observar cómo el Gobierno maneja esta situación y si presenta políticas efectivas que puedan reemplazar los beneficios eliminados. La falta de una respuesta clara y efectiva podría resultar en un aumento de la tensión social y en la presión sobre el Ejecutivo. Además, el impacto de estas decisiones en la economía local y en el consumo será un factor determinante a monitorear en los próximos meses, especialmente en un contexto donde la inflación y el costo de vida continúan siendo preocupaciones centrales para los argentinos.