El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta, anunció la instalación de una comisión especial esta semana para discutir la propuesta de enmienda constitucional (PEC) que busca eliminar la escala 6x1. Esta medida es significativa ya que actualmente, muchos trabajadores en Brasil están sujetos a esta modalidad de trabajo, que implica seis días laborales seguidos de uno de descanso. Las dos PECs en discusión proponen reducir la jornada laboral de 44 horas semanales a 36, aunque con diferentes enfoques sobre la transición hacia este nuevo régimen.

La propuesta del diputado Reginaldo Lopes sugiere un periodo de transición de diez años, mientras que la de Erika Hilton plantea una transición más rápida de un año, con una jornada de trabajo de cuatro días y tres de descanso (4x3). Sin embargo, la administración del presidente Lula da Silva ha presentado un proyecto de ley que establece una jornada de 40 horas semanales, manteniendo la escala de cinco días laborales y dos de descanso (5x2), sin reducción salarial. Esto indica que ni el gobierno ni los legisladores consideran viable aprobar las propuestas en su forma actual, lo que sugiere que habrá cambios significativos en la discusión.

Los sectores productivos han expresado su preocupación por las implicancias de limitar los días de trabajo. Argumentan que si la PEC establece un límite en los días trabajados, las empresas que operan todos los días se verían obligadas a contratar más personal, lo que podría aumentar los costos de producción y, en consecuencia, los precios al consumidor. Joaquim Passarinho, presidente de la Frente Parlamentar del Emprendimiento, sostiene que la reducción de horas es más fácil de negociar que la modificación de la escala laboral.

Desde el punto de vista del gobierno, el ministro del Trabajo, Luiz Marinho, defiende una reducción inmediata a 40 horas semanales, argumentando que los impactos financieros ya han sido absorbidos en gran medida. Sin embargo, hay voces dentro del gobierno que abogan por una transición más gradual, sugiriendo que una reducción de una hora por año podría ser más manejable para los empleadores. Esta discusión refleja la tensión entre las necesidades de los trabajadores y las realidades económicas que enfrentan las empresas en Brasil.

A medida que la comisión especial avance en sus deliberaciones, se espera que se abran espacios para negociaciones entre los diferentes sectores involucrados. La presión por aprobar una nueva legislación antes de las elecciones de 2026 es alta, ya que Motta ha indicado que la comisión debe concluir su trabajo para que la propuesta sea votada en el plenario de la Cámara en mayo. Esto significa que los próximos meses serán cruciales para definir el futuro del trabajo en Brasil y su posible impacto en la economía regional, incluida Argentina, que observa de cerca estos desarrollos laborales en su vecino del norte.