El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha presentado una propuesta para utilizar ingresos extraordinarios derivados de la alta del petróleo con el fin de reducir impuestos sobre la gasolina y el etanol. Esta medida, entregada al Congreso el 23 de abril, ha generado críticas entre economistas que consideran que refleja una falta de compromiso del gobierno para mejorar las cuentas públicas. La propuesta incluye el uso de royalties, participación especial y otros ingresos del sector petrolero para compensar la reducción de tributos como el PIS/Cofins y la Cide-combustibles.

La reducción de impuestos dependerá de un decreto del Poder Ejecutivo, pero la falta de compensación podría contradecir la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), lo que requeriría la aprobación del Legislativo. El ministro de Planeamiento y Presupuesto, Bruno Moretti, defendió la propuesta, argumentando que no se busca evadir la LRF, sino que se pretende mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, la economista Rafaela Vitoria advirtió que esta reducción podría tener un impacto negativo en el resultado fiscal y generar incertidumbre sobre la inflación futura, ya que no se conoce la duración del conflicto en torno a los precios de los combustibles.

La propuesta de subsidio a los combustibles podría afectar la demanda y, por ende, influir en las expectativas inflacionarias en otros sectores de la economía. Vitoria también destacó que las proyecciones fiscales del gobierno son optimistas y que el uso de los ingresos extraordinarios debería enfocarse en mejorar el resultado fiscal en lugar de mantener precios artificialmente bajos. En este sentido, Felipe Salto, economista de Warren Investimentos, sugirió que el gobierno debería utilizar esta oportunidad para alcanzar el centro de la meta fiscal de R$ 34,3 mil millones, en lugar de conformarse con un objetivo inferior.

El costo de eliminar las alícuotas de PIS/Cofins y Cide-combustibles sobre gasolina y etanol se estima en R$ 4 mil millones mensuales. La Institución Fiscal Independiente (IFI) proyecta que el impacto de la alta de los combustibles fósiles podría mejorar las cuentas del gobierno entre R$ 34,3 mil millones y R$ 74,5 mil millones para 2026, dependiendo de la evolución del precio del petróleo. Sin embargo, la incertidumbre sobre estas proyecciones es alta, ya que dependen de múltiples factores, incluyendo la evolución del precio del barril de petróleo.

En el mercado financiero, los analistas están atentos a las implicaciones fiscales de estas medidas. Aunque el dólar se mantuvo estable y la bolsa experimentó una leve caída, las tasas de interés a futuro mostraron un descenso tras un aumento significativo en la sesión anterior. Viviane Las Casas, especialista de renta fija, señaló que, a pesar de la reacción positiva inicial, el campo fiscal sigue siendo un punto de atención, ya que la implementación de estas medidas podría llevar a una pérdida de recaudación. Gustavo Sung, economista de Suno Research, también destacó que la propuesta aún debe ser aprobada por el Congreso, lo que añade un nivel de incertidumbre sobre su efectividad.

A futuro, será crucial monitorear cómo se implementarán estas medidas y su impacto en la inflación y en las cuentas fiscales. La próxima sesión del Congreso podría ser determinante para la aprobación de esta propuesta, y los analistas estarán observando de cerca cualquier avance en este sentido. Además, la evolución de los precios del petróleo será un factor clave que influirá en la viabilidad de la estrategia fiscal del gobierno, así como en la respuesta del mercado a estas políticas.