Estados Unidos ha decidido reducir los aranceles sobre el acero y el aluminio provenientes de México y Canadá del 50% al 25%. Sin embargo, esta reducción está condicionada a que las empresas de estos países incrementen su inversión productiva en territorio estadounidense. La medida, publicada en el Registro Federal, busca atraer capacidad industrial hacia la economía norteamericana, especialmente en el sector automotriz, donde se requiere que el procesamiento de los metales se realice en la región y que las empresas sean proveedoras de la industria automotriz pesada.

La disposición establece requisitos estrictos para las empresas que deseen beneficiarse de esta reducción arancelaria. Las compañías deben presentar compromisos concretos de producción en Estados Unidos, que incluyan detalles sobre la ubicación, capacidad instalada y cronogramas de inversión. Esto implica que las empresas mexicanas y canadienses se ven obligadas a realizar inversiones significativas en EE.UU. para poder acceder a los aranceles reducidos, lo que ha sido interpretado por algunos analistas como un mecanismo de presión sobre la industria mexicana.

Gerardo Tajonar, vicepresidente de comercio, servicios y turismo de la Ciudad de México, ha calificado esta medida como un “nearshoring inverso”, ya que parece incentivar el traslado de capital hacia Estados Unidos en lugar de fomentar la inversión local. Esta situación podría tener repercusiones significativas en la relación comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, especialmente en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Tajonar advierte que este endurecimiento de facto de las reglas de origen podría obligar a las empresas a trasladar la generación de valor agregado hacia EE.UU., lo que afectaría la competitividad de la industria mexicana.

A pesar de la reducción de aranceles, algunos expertos, como Adrián González, presidente de Global Alliance Solutions, consideran que el incentivo no será suficiente para detonar nuevas inversiones. El diferencial arancelario del 50% al 25% no compensa los altos costos de producción en EE.UU., incluyendo mano de obra y energía. González sugiere que esta medida podría influir en las decisiones de inversión ya previstas por algunas empresas, pero no será el factor decisivo. Además, advierte que este tipo de políticas podrían extenderse a otros sectores, lo que indicaría una estrategia más agresiva en la política comercial estadounidense.

La medida se centra en vehículos medianos y pesados, excluyendo a los vehículos ligeros, lo que añade una capa de presión adicional en la relación comercial. Los grandes fabricantes automotrices con fuerte presencia en Norteamérica, como General Motors, Ford y Stellantis, se verán particularmente afectados, ya que dependen de flujos integrados de acero y aluminio. Esta disposición se origina de una proclamación emitida en octubre de 2025 bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite la imposición de aranceles por motivos de seguridad nacional, y ahora incluye mecanismos de flexibilización para insumos estratégicos.

A futuro, será importante observar cómo estas condiciones impactan las decisiones de inversión en la región y si se implementarán cambios adicionales en el T-MEC que fortalezcan aún más los requisitos de contenido regional y producción en EE.UU. La creciente presión sobre las industrias de México y Canadá podría llevar a un reordenamiento de las cadenas de suministro en América del Norte, lo que afectará no solo a las empresas involucradas, sino también a los mercados financieros en general, incluyendo el argentino, que podría verse influenciado por la dinámica de inversión en la región.