El final del mandato del Congreso en Perú se presenta como un momento crítico para la economía del país, con un total de 6.038 proyectos de ley en comisión y 1.980 con dictamen hasta el 18 de abril. Este escenario se agrava por la inminente transferencia de poder a un nuevo gobierno y las elecciones locales y regionales programadas para octubre. La mayoría de los partidos políticos han perdido su inscripción electoral, lo que significa que los congresistas actuales no enfrentarán consecuencias por las medidas que aprueben, pero sí tienen incentivos para beneficiar a sus bases electorales. Esto podría resultar en una serie de decisiones legislativas que comprometan aún más la estabilidad fiscal del país.

En el ámbito económico, se identifican tres áreas de riesgo crítico. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hay 153 proyectos de ley que podrían tener un impacto fiscal negativo, con un costo potencial que supera los S/ 280.000 millones, equivalente al 22,4% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Entre las iniciativas más preocupantes se encuentran propuestas de Acción Popular que buscan extinguir multas e intereses de deudores de Reactiva Perú, lo que podría costar S/ 87.000 millones, y otra que ofrece descuentos de hasta el 100% en intereses moratorios, sumando S/ 82.000 millones adicionales. Estas medidas, aunque pueden parecer beneficiosas a corto plazo, generan un costo difuso que recae sobre todos los contribuyentes.

La repetición de amnistías tributarias está erosionando la cultura del cumplimiento fiscal en Perú. Actualmente, el incumplimiento tributario alcanza el 9,3% del PBI, y la falta de sanciones efectivas por parte del Congreso podría perpetuar un comportamiento mercantilista en el que los contribuyentes no sientan la necesidad de cumplir con sus obligaciones fiscales. A pesar de las advertencias del Consejo Fiscal sobre estos riesgos, el Ejecutivo y el Legislativo no han tomado medidas efectivas para mitigar el daño potencial.

Además, el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de concesión para proyectos mineros podría tener consecuencias devastadoras. Esta medida, que ignora informes negativos de expertos y autoridades, podría desincentivar la inversión en minería formal y fomentar la expansión de la minería ilegal. En 2022, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron un récord de USD 11.536 millones, casi igualando a las exportaciones legales. Sin un marco regulatorio que garantice la seguridad jurídica, la minería formal se verá en desventaja frente a la informalidad.

Por último, tres iniciativas legislativas avanzadas amenazan con rigidizar el mercado laboral y aumentar la informalidad. Una de ellas requeriría autorización judicial para despedir a un dirigente sindical, lo que podría mantener a trabajadores involucrados en faltas graves en sus puestos durante años. Otra propuesta vincula la capacidad de financiamiento de remuneraciones a la recaudación por sanciones, creando un incentivo perverso. Estas medidas, en un contexto donde la informalidad laboral ya alcanza el 70%, podrían incrementar los costos de la formalidad y dificultar aún más la creación de empleo.

El próximo gobierno heredará un panorama fiscal complicado, con reglas vulneradas y un pasivo legislativo sin precedentes. A medida que se acerca el final de la legislatura, es crucial que el Ejecutivo utilice sus herramientas para observar las leyes perjudiciales y hacer público el impacto de cada iniciativa antes de su votación. La falta de acción firme podría resultar en un legado de inestabilidad económica que afectará a todos los peruanos en el futuro cercano.