Las proyecciones para la campaña triguera 2025/26 indican que la superficie sembrada podría disminuir un 3% en comparación con el ciclo anterior, que alcanzó un récord de producción de más de 27 millones de toneladas. A pesar de que los perfiles de humedad son favorables en la mayoría de las regiones productivas, el aumento en los precios de los fertilizantes y combustibles está afectando la decisión de los productores. Este contexto internacional adverso está generando incertidumbre en el sector agropecuario argentino, que depende en gran medida de la competitividad de sus costos de producción.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) ha proyectado que la superficie destinada al trigo será de aproximadamente 6,5 millones de hectáreas, lo que representa un incremento del 2,8% respecto al promedio de las últimas cinco campañas. Sin embargo, la Bolsa de Comercio de Rosario estima una merma de 300.000 hectáreas solo en la zona núcleo, lo que podría tener un impacto significativo en la producción total. Este cambio en la superficie sembrada refleja no solo la situación climática, sino también la presión económica que enfrentan los productores debido al aumento de los costos de insumos.

El costo de los fertilizantes ha aumentado drásticamente; por ejemplo, el precio de la urea ha pasado de US$540 a US$890 por tonelada en un año, lo que ha deteriorado la relación insumo-producto. Actualmente, se requiere un 55% más de trigo para adquirir una tonelada de urea, lo que pone a los productores en una situación crítica. Además, el costo del flete ha aumentado entre un 25% y un 30%, lo que agrava aún más la situación. Estos factores están llevando a los productores a replantearse sus decisiones de siembra, lo que podría resultar en una reducción significativa del área sembrada.

Desde el punto de vista del ruralismo, la situación es preocupante. Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), ha señalado que los productores agropecuarios necesitan un “cambio de expectativas” ante la inminente siembra de trigo. La presión fiscal, que incluye retenciones que no muestran signos de reducción, junto con el aumento de los costos de producción, está llevando a los productores a una situación de incertidumbre. La falta de un esquema claro de reducción de retenciones podría resultar en una menor inversión en el sector, afectando no solo la producción de trigo, sino también el crecimiento económico de las localidades donde esta actividad es crucial.

A medida que se acerca la siembra, es fundamental que el Gobierno considere la posibilidad de alinear sus políticas tributarias con las decisiones de los productores. La reducción de los Derechos de Exportación al Trigo, que se redujeron del 12% al 7,5% en 2025, podría haber tenido un impacto más positivo si se hubiera implementado antes de la siembra. La experiencia del año pasado demuestra que un entorno más favorable para la producción puede incentivar la inversión y el crecimiento económico en las comunidades agrícolas. Por lo tanto, el monitoreo de las decisiones gubernamentales y su impacto en la producción será crucial en los próximos meses.