El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en la privatización de rutas nacionales y autopistas, al abrir las ofertas económicas de las constructoras interesadas en la concesión de corredores estratégicos en Buenos Aires y La Pampa. Esta licitación, correspondiente a la Etapa II - A de la Red Federal de Concesiones, abarca un total de 1.871 kilómetros de caminos, que incluyen rutas nacionales y autopistas de acceso al Área Metropolitana. La apertura de sobres se llevó a cabo a través de la plataforma oficial Contrat.Ar, donde se registraron las propuestas y tarifas de peaje ofrecidas por cada consorcio.

Los grupos empresariales que se posicionaron como los más competitivos presentaron las tarifas más bajas en cada tramo, lo que les permite avanzar a la evaluación técnica final antes de la adjudicación formal de los contratos por parte del Gobierno. Entre las rutas licitadas se encuentran las nacionales 3, 5, 205 y 226, así como las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas, que son accesos clave hacia el aeropuerto internacional y el conurbano sur. Este proceso de privatización es parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para reorganizar el sistema vial nacional sin inversión estatal directa.

La concesión incluye corredores de alta circulación, tanto para el transporte de carga como para el tránsito interurbano. En particular, el tramo más extenso, que abarca 1.325 kilómetros, incluye autopistas y rutas desde la Avenida General Paz hasta Bahía Blanca, así como la Ruta 205 hasta Bolívar y la Ruta 226 hasta Mar del Plata. El consorcio que presentó la oferta más baja en este tramo, de $997 más IVA por peaje, está integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, posicionándose como el principal candidato para quedarse con el corredor.

En el segundo tramo licitado, que comprende 546 kilómetros de la Ruta 5, la oferta más económica fue presentada por Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA), con una tarifa de $2.355,37 más IVA. Este proceso ha visto la exclusión de varios jugadores tradicionales del sector, como Roggio y Panedile, quienes no lograron competir con las propuestas económicas presentadas. La administración de Axel Kicillof intentó intervenir en la licitación a través de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), pero su oferta fue descalificada, lo que generó tensiones con el Gobierno nacional.

La privatización de rutas se inscribe en un contexto donde Argentina cuenta con aproximadamente 40.000 kilómetros de rutas nacionales, de los cuales 10.000 ya están concesionados. El Gobierno busca privatizar otros 9.000 kilómetros, mientras que ha autorizado a nueve gobernadores a implementar sistemas de peajes propios para mantener la infraestructura. La apertura de sobres marca el inicio de una fase decisiva en este proceso, donde se definirán las tarifas de peaje y los grupos que se quedarán con los principales corredores viales del país.

A medida que el Gobierno evalúa las ofertas de la Etapa II - A, el cronograma de privatización vial continúa avanzando. Las próximas etapas, II - B y III, que abarcan más de 6.475 kilómetros adicionales de rutas nacionales, tienen fechas de presentación de ofertas programadas para el 11 y el 22 de mayo, respectivamente. Este proceso es crucial en un contexto donde la obra pública directa se encuentra congelada, y las empresas que logren las concesiones deberán comprometerse a realizar inversiones iniciales en mantenimiento, lo que podría tener un impacto significativo en la infraestructura vial del país.