La importación de gas natural licuado (GNL) en Argentina ha sido un tema de debate constante en las últimas dos décadas, con diferentes gobiernos mostrando recelo hacia este proceso. Desde que el país comenzó a importar GNL en 2008, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se han realizado varios intentos de reformar el esquema de contratación. En 2012, se incorporó a YPF como actor central para mejorar la transparencia, pero los intentos de Mauricio Macri de transferir la operatoria al sector privado no se concretaron. La gestión de Alberto Fernández se caracterizó por la falta de definiciones, manteniendo el esquema vigente sin cambios significativos.

Con la llegada de Javier Milei al poder, el tema del GNL ha vuelto a cobrar relevancia. Su administración ha planteado la necesidad de desplazar a la empresa estatal Enarsa de la importación de GNL, buscando que un actor privado asuma el riesgo de compra y comercialización del combustible. En este contexto, la Secretaría de Energía ha diseñado un pliego para contratar a un agregador comercial que se encargue de la importación y posterior reventa del GNL a distribuidoras, generadoras y grandes usuarios industriales. Esta licitación, que se definirá en las próximas horas, es crucial para el abastecimiento energético del país durante el invierno.

El proceso de licitación es complejo y está lleno de incertidumbres. La oferta más competitiva hasta el momento proviene de Naturgy, que ha presentado una prima de 4,50 dólares por millón de BTU, superando a Trafigura, que ofertó 4,57 dólares. Esta prima incluye costos de regasificación, logísticos y riesgos asociados a un mercado volátil. En comparación, Enarsa había obtenido primas de 0,50 dólares por millón de BTU en una licitación reciente para dos cargamentos de GNL. Sin embargo, los precios de los cargamentos para los meses críticos de invierno podrían ser significativamente más altos, lo que añade presión sobre la decisión del Gobierno.

Las implicancias de esta licitación son significativas. Si el Gobierno opta por adjudicar la importación a un agregador privado, esto podría trasladar el costo del GNL a las tarifas de gas y electricidad, aumentando la presión inflacionaria en un contexto donde el IPC ya mostró un aumento del 3,4% en marzo. Además, la decisión de avanzar con un esquema privado podría mejorar la disciplina de pagos y reducir el impacto fiscal del Estado, que ha estado absorbiendo costos crecientes debido a la opacidad en la gestión de Enarsa.

A medida que se acerca la fecha de definición de la licitación, el Gobierno enfrenta un dilema. Debe decidir sin contar con información completa sobre la evolución futura de los precios del GNL, que recientemente han mostrado una caída del 30% tras señales de distensión en el conflicto en Medio Oriente. La posibilidad de mantener la importación bajo la órbita de Enarsa durante un año más se presenta como una alternativa menos riesgosa, especialmente considerando que a partir de 2025 se espera una reducción significativa en la necesidad de importar GNL debido a la ampliación del sistema de transporte. Sin embargo, quienes abogan por un cambio advierten que mantener el esquema actual también tiene costos asociados a la cobrabilidad y a la sostenibilidad fiscal del Estado.