La reciente escalada del conflicto en Medio Oriente ha tenido un impacto directo en los precios de los combustibles en Perú, donde el diésel y la gasolina han registrado aumentos del 62% y 38%, respectivamente, desde el 27 de febrero. Este incremento se ha visto exacerbado por la falta de gas, resultado de la rotura del gasoducto de TGP, lo que ha llevado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a dispararse un 2,38% en marzo, marcando el resultado mensual más alto en 32 años. La combinación de estos factores ha sacado a la inflación del rango meta establecido por el Banco Central, que es del 1% al 3% anual, generando preocupación entre los economistas sobre el futuro económico del país.

El contexto internacional también juega un papel crucial en esta situación. Los precios del petróleo han escalado a niveles que rondan los 95-100 USD por barril, en comparación con los 65-70 USD que se registraban antes del inicio de la guerra. Esta diferencia no solo afecta el costo de los combustibles, sino que también genera escasez en productos esenciales, como fertilizantes y semiconductores, que son vitales para la economía global. La situación se complica aún más debido a la falta de credibilidad de los gobiernos involucrados en el conflicto, lo que dificulta realizar pronósticos sobre la duración y la intensidad de la crisis.

Las implicancias para el mercado peruano son significativas. La reparación del ducto de Camisea ha mitigado, en parte, la crisis de gas, pero el país sigue expuesto a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. Si la guerra se prolonga, se anticipa que la inflación podría superar el 3% hasta julio o agosto, lo que podría llevar a un traslado de costos al consumidor. Esto podría resultar en protestas y bloqueos de carreteras, como se vivió en 2022 durante el conflicto en Ucrania, lo que podría crear un ambiente propicio para el surgimiento de movimientos políticos de izquierda.

A futuro, los expertos sugieren que el Perú debería considerar activar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para mitigar el impacto de los precios en los consumidores. Sin embargo, este fondo ha estado inactivo debido a problemas estructurales en las empresas involucradas y a la falta de confianza en el gobierno. La deuda acumulada con las refinadoras es un obstáculo que debe resolverse para que el FEPC pueda ser reactivado. La situación es crítica, y el gobierno necesita actuar rápidamente para evitar que la crisis energética se agrave y afecte aún más a la población.

En resumen, la guerra en Medio Oriente está teniendo un efecto dominó en la economía peruana, y los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos. La posibilidad de que la inflación se mantenga alta y que los precios de los combustibles continúen en aumento es un riesgo que no se puede ignorar. Los próximos meses serán cruciales para determinar la dirección de la economía peruana y cómo se verá afectada por la situación internacional.