Las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina enfrentan una crisis profunda, marcada por una capacidad ociosa que ronda el 52% en la industria y un alarmante 20% en el sector textil. La reciente reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), promovida por el Gobierno, ha sido criticada por no abordar las necesidades urgentes del sector. En un contexto de ajuste fiscal y caída del consumo interno, las pymes advierten que el modelo económico actual no solo no las apoya, sino que agrava su situación.

Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), señala que el RIMI, lejos de ser un alivio, se convierte en un instrumento que favorece a empresas de mayor escala. La exigencia de una inversión mínima de 9 millones de dólares excluye a la mayoría de las pymes, que no pueden acceder a estos beneficios. Además, el diseño del régimen se percibe como un mecanismo que transfiere recursos hacia sectores concentrados, lo que profundiza las desigualdades en el entramado productivo.

La apertura de importaciones también ha sido un factor crítico en la caída de la competitividad local. La flexibilización de controles permite la entrada de productos usados o con valores subdeclarados, lo que perjudica aún más a las pymes. Moreno enfatiza que, en lugar de incentivos a la inversión, se necesita un salvavidas para las empresas que están luchando por sobrevivir en un entorno de consumo en declive. La falta de demanda es el problema central, y muchos sectores industriales no están considerando invertir en este clima adverso.

El impacto de esta crisis se traduce en cierres de empresas y una ruptura en las cadenas de pago, lo que ha llevado a la pérdida de aproximadamente 300.000 puestos de trabajo formales. Este deterioro no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales, ya que las pymes son responsables de una parte significativa del empleo formal en el país. La caída del empleo en este sector repercute en el mercado interno, creando un círculo vicioso que afecta la economía en su conjunto.

A pesar de que el Gobierno proyecta una recuperación basada en sectores como la energía y la minería, desde APYME se advierte que este crecimiento no generará un impacto significativo en el empleo ni en el tejido productivo. La falta de diálogo con el Gobierno también es un punto crítico, ya que no existe un espacio institucional para discutir políticas públicas que beneficien a las pymes. Sin un interlocutor claro en el poder Ejecutivo, las pymes se sienten desatendidas y sin apoyo en un momento crucial para su supervivencia.