El Gobierno argentino ha dado un paso significativo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) al reglamentar el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI). Este régimen, que busca incentivar las inversiones en pymes, establece un límite del 50% sobre los fondos que el Presupuesto destine a la restitución de créditos fiscales del IVA. Aunque el decreto fue publicado el 13 de abril de 2026, su implementación efectiva dependerá de la emisión de resoluciones adicionales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otras secretarías, que deben ser emitidas antes del 13 de mayo de 2026.

El RIMI es parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para apoyar a las pymes, que han enfrentado una crisis prolongada. En marzo, las ventas minoristas de estas empresas registraron una caída interanual del 0,6%, marcando once meses consecutivos de descensos. Este contexto de contracción se refleja en las expectativas de los empresarios, donde el 48% prevé que los niveles actuales se mantendrán, mientras que solo el 39,7% espera una mejora.

El decreto establece que las pymes deberán cumplir con ciertos requisitos para acceder a los beneficios. Las inversiones mínimas varían según el tipo de empresa: u$s150.000 para microempresas, u$s600.000 para pequeñas, y hasta u$s9 millones para medianas empresas. Sin embargo, la falta de un formulario de adhesión y la ausencia de mecanismos claros para solicitar la devolución anticipada del IVA limitan la capacidad de las empresas para beneficiarse de este régimen en el corto plazo.

Desde el punto de vista financiero, la reglamentación del RIMI puede tener implicancias significativas para las pymes que buscan recuperar parte de sus inversiones a través de la devolución de IVA. Sin embargo, el hecho de que el beneficio esté sujeto a un cupo del 50% significa que no todas las solicitudes podrán ser atendidas, lo que podría resultar en un prorrateo de los beneficios. Esto genera incertidumbre sobre la efectividad del régimen y su capacidad para estimular la inversión en un contexto donde el 59,1% de los empresarios considera que el escenario actual no es apto para nuevos desembolsos.

A futuro, será crucial observar cómo se desarrollan las resoluciones que faltan para la implementación del RIMI. Si estas se publican a tiempo y se establecen mecanismos claros para la adhesión y la devolución del IVA, podría haber un cambio positivo en la disposición de las pymes para invertir. Sin embargo, la situación económica general y la percepción de riesgo entre los empresarios seguirán siendo factores determinantes en la efectividad de este régimen de incentivos.