La Federación Argentina de Municipios (FAM) ha tomado la decisión de avanzar con una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que consideran malversación de fondos públicos. Esta acción surge tras la retención de recursos que, según la FAM, el Gobierno nacional ha mantenido indebidamente, incumpliendo la ley. La FAM argumenta que el artículo 19 de la ley 23.966, modificado por la ley 27.430, establece que un porcentaje del impuesto a los combustibles debe ser destinado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y que el gobierno no ha cumplido con esta normativa.

En su comunicado, la FAM señala que el año pasado el gobierno recaudó aproximadamente 3.5 billones de pesos para el fideicomiso de infraestructura de transporte. De esta suma, un 80% debería haberse destinado a obras viales, lo que equivale a 2.25 billones de pesos. Sin embargo, según datos del propio Ministerio de Economía, solo se transfirieron 1.2 billones de pesos a Vialidad, lo que deja un desvío de 1.15 billones de pesos que, según la FAM, se han utilizado para fines ajenos a la infraestructura vial, incluyendo la especulación financiera.

Los alcaldes que componen la FAM, que incluye a más de 500 jefes comunales de diversas corrientes políticas, han expresado su preocupación por el impacto que esta situación tiene en las comunidades. La retención de estos fondos, argumentan, afecta directamente a las familias argentinas, ya que impide la realización de obras necesarias para mejorar la red vial nacional. En una reunión reciente, los intendentes decidieron avanzar con la denuncia si el gobierno no responde de manera urgente a su pedido de diálogo y colaboración.

La situación se complica aún más por la percepción de que el gobierno está desviando recursos destinados a la infraestructura hacia actividades de especulación financiera. La FAM ha señalado que el dinero que debería estar destinado a reparar y mejorar las rutas se está utilizando para la emisión y pago de bonos con altos intereses, así como para favorecer el carry trade. Esto podría tener repercusiones significativas en la economía local, ya que la falta de inversión en infraestructura puede afectar la conectividad y el desarrollo regional.

De cara al futuro, es crucial monitorear la respuesta del gobierno a la FAM y si se establecerán canales de diálogo para abordar esta problemática. La presión de los intendentes podría llevar a un cambio en la política de asignación de recursos, especialmente si se intensifican las denuncias judiciales. Además, la situación podría influir en la percepción del riesgo país y en la confianza de los inversores, dado que la gestión de los fondos públicos es un indicador clave de la estabilidad económica del país.