En los últimos días, el fracking ha cobrado protagonismo en el debate sobre la política energética de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto retomar esta técnica para la extracción de gas natural, con el objetivo de alcanzar una mayor soberanía energética. Sin embargo, esta práctica ha sido objeto de críticas debido a sus implicaciones ambientales, especialmente en un país que ya enfrenta desafíos significativos en la gestión de sus recursos hídricos.

El fracking, o fractura hidráulica, es un proceso que permite extraer gas natural de formaciones rocosas poco permeables, conocidas como lutitas bituminosas. Este método implica la inyección de millones de litros de agua, arena y productos químicos a alta presión para liberar el gas atrapado. Sin embargo, Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking han señalado que este proceso puede generar una serie de problemas ambientales graves, como la contaminación de aguas subterráneas y la emisión de gases de efecto invernadero. La técnica requiere entre 20 y 30 millones de litros de agua por pozo, lo que representa un consumo significativo en regiones ya afectadas por el estrés hídrico.

La situación es aún más preocupante en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde la disponibilidad de agua es limitada. En estos lugares, el fracking podría consumir entre el 1% y el 2% del total de la extracción de agua estatal, lo que podría agravar la crisis hídrica existente. Además, se han identificado hasta 750 productos químicos en los fluidos de fracturación, muchos de los cuales son altamente tóxicos y pueden tener efectos devastadores en la salud pública y el medio ambiente. La contaminación de pozos de agua potable cercanos a las zonas de fracking ha sido documentada, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad del agua para las comunidades locales.

Desde una perspectiva económica, el fracking ha sido visto como un potencial generador de empleo y riqueza, especialmente en países como Estados Unidos, donde la producción de gas a partir de esta técnica ha llevado a precios competitivos. Sin embargo, en México, el costo de producción del gas es significativamente más alto, promediando 4.71 dólares por millón de BTU, en comparación con los 2 a 3 dólares en EE. UU. Esto plantea interrogantes sobre la viabilidad económica del fracking en el país, especialmente considerando los altos costos ambientales y sociales asociados.

El futuro del fracking en México dependerá de las recomendaciones de un nuevo comité de expertos, que incluye académicos de instituciones como la UNAM y el IPN. Este grupo tiene la tarea de evaluar la factibilidad de implementar el fracking en diferentes regiones del país, considerando tanto los aspectos técnicos como los impactos sociales y ambientales. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado la importancia de involucrar a las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones, lo que podría marcar un cambio significativo en la forma en que se aborda la política energética en México.

A medida que avanza este debate, es crucial monitorear las decisiones del comité y las reacciones de las comunidades afectadas. La implementación de nuevas tecnologías para la extracción de gas no convencional podría ser un punto de inflexión, pero también podría intensificar los conflictos sociales si no se manejan adecuadamente las preocupaciones ambientales y de salud pública. Las próximas semanas serán decisivas para definir el rumbo de la política energética en México y su impacto en la soberanía energética del país.