La morosidad en Argentina ha alcanzado un nivel récord en 2026, con un 11% de irregularidad en los préstamos familiares, marcando el punto más alto desde la crisis económica de 2001. En el sector no bancario, la situación es aún más alarmante, con un 27% de deudores en mora. Esta situación ha llevado a bancos y fintechs a redefinir sus estrategias para contener a millones de deudores y evitar su exclusión del sistema financiero, en un contexto donde el poder adquisitivo de la población sigue cayendo y el costo de vida se incrementa constantemente.

El Congreso argentino está debatiendo proyectos como el de “Segunda Oportunidad”, que busca reestructurar deudas con intervención estatal. Este tipo de iniciativas podría cambiar el panorama de la morosidad y ofrecer un alivio a los deudores, aunque también genera preocupación en el sector financiero sobre la posible regulación excesiva. Los bancos han comenzado a implementar un enfoque más proactivo, utilizando tecnología para monitorear el comportamiento financiero de los clientes y detectar dificultades antes de que se conviertan en impagos. Este monitoreo individualizado permite ofrecer soluciones personalizadas, como refinanciaciones con tasas más bajas y plazos extendidos.

Las entidades bancarias están utilizando herramientas digitales para facilitar la gestión de acuerdos, aunque estas alternativas no se comunican de manera masiva para evitar generar malestar entre los clientes que no enfrentan problemas de pago. Además, bancos públicos como el Banco Provincia y el Banco Nación han lanzado programas de refinanciación con condiciones diferenciadas, que incluyen tasas reducidas y plazos de hasta 72 meses, adaptándose a las necesidades de los deudores según su nivel de ingresos y grado de mora.

Las billeteras digitales, como Mercado Pago, están ganando protagonismo en este contexto, utilizando modelos de scoring que analizan miles de variables en tiempo real para ajustar el crédito a la capacidad de pago de cada usuario. Este enfoque permite una gestión de riesgo más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, lo que podría ser crucial en un entorno donde la morosidad está en aumento. Sin embargo, el sector bancario advierte que una regulación excesiva podría restringir el acceso al crédito, dejando a segmentos de la población sin opciones de financiamiento.

La “guerra contra la mora” se basa en un delicado equilibrio entre la preservación del crédito y la prevención de una crisis mayor de endeudamiento. A medida que el debate legislativo avanza, los bancos están atentos a las decisiones que se tomen, ya que podrían tener un impacto significativo en su capacidad para ofrecer crédito. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se desarrollan estas iniciativas y qué medidas se implementarán para abordar la creciente morosidad en el país.