La situación fiscal de las provincias argentinas ha experimentado un notable deterioro en los últimos años, que puede describirse como una obra en tres actos. En 2025, se observó un desajuste del gasto, donde el gasto provincial creció un 11% en términos reales, superando el incremento del 3% en los recursos. Este desbalance llevó a que el resultado primario agregado pasara de un superávit del 0,8% del PBI a prácticamente cero. Este contraste es significativo, ya que mientras la Nación logró mantener un superávit en sus cuentas durante dos años consecutivos, las provincias enfrentaron la posibilidad de cerrar 2025 con cuentas en rojo, lo que refleja una clara divergencia en la gestión fiscal entre el gobierno nacional y las provincias.

El aumento del gasto provincial se concentró en tres áreas clave: personal, jubilaciones y obra pública. Este último aspecto es particularmente relevante, dado que desde noviembre de 2023, el gobierno nacional redujo su gasto en obra pública en un 80% real, dejando a las provincias como las principales responsables de la inversión pública. Esta situación ha generado un aumento en la presión fiscal sobre las provincias, que ahora deben asumir un rol más activo en la ejecución de proyectos de infraestructura, a pesar de la caída en sus ingresos.

Con el inicio de 2026, la situación se complicó aún más. Las provincias enfrentaron una caída en los ingresos por coparticipación federal, que representan aproximadamente el 45% de sus recursos. En el primer trimestre de 2026, las transferencias automáticas de origen nacional cayeron un 6,4% en términos reales, afectando a todas las jurisdicciones. Esta disminución no fue resultado de decisiones discrecionales del gobierno nacional, sino de una caída genuina en la recaudación, impulsada por menores ingresos de IVA y Ganancias, así como por la baja de alícuotas en Impuestos Internos. La única excepción fue el impuesto a los combustibles, cuya actualización fue suspendida debido al aumento del precio del crudo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Ante esta situación, doce provincias solicitaron adelantos de coparticipación al gobierno nacional, que autorizó transferencias anticipadas por hasta $400.000 millones, a devolver dentro del año a una tasa del 15% anual. Este mecanismo de adelanto tiene un impacto desigual: para provincias como Chaco o Tucumán, el monto máximo equivale a menos de dos meses de coparticipación, mientras que para Tierra del Fuego, Chubut o Santa Cruz, representa entre seis y siete meses de recursos. Aunque estos adelantos alivian la situación financiera en el corto plazo, generan una obligación de devolución que podría comprimir los recursos futuros de las provincias, limitando su capacidad de respuesta ante futuras crisis económicas.

La recuperación de la recaudación fiscal depende de una reactivación económica que aún no se ha consolidado. En este contexto, el margen de maniobra de las provincias seguirá siendo limitado. Los gobernadores han priorizado no resignar recursos tributarios, lo que se evidenció en la reciente negociación de la reforma laboral, donde se eliminó la reducción de alícuotas de Ganancias a Sociedades originalmente prevista. La situación fiscal de las provincias argentinas es un tema que merece seguimiento, ya que su evolución tendrá implicancias directas en la estabilidad económica del país y en la capacidad de inversión pública en el futuro.