La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha tomado una decisión significativa al suspender todas las apelaciones relacionadas con el juicio por la expropiación de YPF. Esta medida sigue al fallo de finales de marzo, que revocó una condena de US$16.100 millones impuesta por la jueza Loretta Preska. La suspensión incluye la apelación presentada por Argentina contra la orden que exigía la entrega de acciones de YPF como garantía, lo que permite al tribunal evitar avanzar en cuestiones que podrían volverse irrelevantes si el fallo es confirmado.

El fallo de marzo, que fue favorable para Argentina, se basó en la interpretación de que los estatutos de la empresa no generan obligaciones bilaterales que permitan demandas por daños contractuales en tribunales estadounidenses. Este aspecto es crucial, ya que la ley de Expropiaciones argentina prohíbe acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación. Los jueces Denny Chin y Beth Robinson, que votaron a favor de Argentina, argumentaron que la interpretación de Preska sobre el derecho argentino era incorrecta, lo que podría tener repercusiones en futuros litigios similares.

Burford Capital, uno de los demandantes, había adquirido los derechos de litigio de las empresas Petersen por €15,1 millones, y en caso de haber ganado el juicio, habría recibido el 70% de la indemnización. Sin embargo, tras el fallo de marzo, las acciones de Burford se desplomaron un 40% en Wall Street y un 46% en Londres, reflejando la percepción negativa del mercado sobre sus posibilidades de éxito en la apelación. Los analistas coinciden en que las posibilidades de revertir el fallo son bajas, tanto en la revisión interna del tribunal como en un posible recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El impacto de este caso es relevante no solo para Burford, sino también para la percepción de Argentina como destino de inversión. Aunque el tribunal reconoció que el Estado argentino violó los derechos de los accionistas minoritarios durante la estatización de YPF en 2012, separó esta valoración de la cuestión legal central. Esto significa que, a pesar de las violaciones, el remedio legal que buscan los demandantes no existe bajo el derecho argentino, lo que podría influir en la confianza de los inversores en el país.

A futuro, los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan los plazos para los recursos que pueden interponer Burford y Eton Park. La Cámara del Segundo Circuito debe agotar los plazos para que el fallo adquiera firmeza, lo que podría llevar varios meses. Además, la situación de YPF y su capacidad para atraer inversiones en el sector energético será un factor clave a monitorear, especialmente en el contexto de los esfuerzos de Argentina por atraer capital extranjero en un entorno económico desafiante.