El precio de la gasolina en México ha mostrado una estabilidad notable en comparación con la volatilidad de los mercados internacionales de petróleo. Mientras que el precio del crudo puede fluctuar drásticamente debido a tensiones geopolíticas y cambios en la oferta y demanda, el ajuste en las estaciones de servicio mexicanas es más gradual. Esta política de contención de precios ha sido una de las decisiones más visibles del gobierno, pero también una de las menos comprendidas por el público en general.

Detrás de esta aparente estabilidad se encuentra una estrategia de política fiscal que utiliza estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Cuando el precio del petróleo aumenta, el gobierno reduce el impuesto para suavizar el impacto en el consumidor; cuando el precio baja, lo recompone. Este mecanismo tiene como objetivo mitigar el efecto de las fluctuaciones en el costo de la gasolina, que impacta directamente en el transporte, la logística y, en última instancia, en la inflación. Sin embargo, cada vez que se reduce el IEPS, el gobierno renuncia a ingresos fiscales que podrían ser utilizados para inversión pública y programas sociales.

La contención de precios tiene un costo significativo para las finanzas públicas. En momentos de alta presión internacional, los sacrificios recaudatorios han sido relevantes, lo que ha llevado a ajustes en el gasto público y a la necesidad de compensar la falta de ingresos por otras vías. Esto puede traducirse en mayores necesidades de financiamiento y en tensiones en el equilibrio fiscal del país. Por lo tanto, lo que el consumidor no paga en la estación de servicio, el Estado deja de recaudar, lo que plantea preguntas sobre la sostenibilidad de esta política en el largo plazo.

Además, la contención artificial de precios puede distorsionar las señales económicas. Si el costo real de los combustibles no se refleja adecuadamente en el precio final, se diluyen los incentivos para mejorar la eficiencia energética y acelerar la transición hacia energías alternativas. A pesar de los esfuerzos por lograr la autosuficiencia energética, México sigue dependiendo de la importación de combustibles, lo que lo expone a la volatilidad del mercado internacional. La política fiscal, aunque actúa como un amortiguador, también es un parche que no resuelve el problema estructural subyacente.

Recientemente, se han observado cambios en la estrategia del gobierno, con un enfoque más pragmático hacia la participación del sector privado en la industria energética. La administración de Claudia Sheinbaum ha propuesto nuevos esquemas de colaboración y inversión para fortalecer a Pemex, la empresa estatal de petróleo. Este cambio de enfoque podría ser crucial para mejorar la capacidad de refinación del país y reducir la dependencia de las importaciones. A medida que se avanza hacia una estructura energética más sólida, la discusión sobre el precio de la gasolina debería ampliarse para incluir temas de eficiencia del gasto y sostenibilidad fiscal, ya que lo que está en juego es mucho más que el costo de llenar un tanque de gasolina.