Las elecciones de 2026 en Perú están marcadas por un intenso debate sobre la infraestructura, un tema crucial para el crecimiento económico del país. En este contexto, cinco partidos políticos punteros han presentado sus propuestas para cerrar las brechas existentes en cobertura, calidad y sostenibilidad de la infraestructura. Sin embargo, el análisis revela que, a pesar de los compromisos declarados con la estabilidad fiscal, las iniciativas propuestas podrían generar un aumento significativo en los costos fiscales, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad.

De acuerdo con un estudio del Videnza Instituto, las propuestas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Ahora Nación implicarían incrementos superiores al 10% del presupuesto del Gobierno General. Esto contrasta con las propuestas de País para Todos y del Partido del Buen Gobierno, que suponen incrementos más moderados, del orden del 4,3%. Esta diferencia en el enfoque refleja no solo las prioridades de cada partido, sino también la capacidad de cada uno para gestionar el gasto público de manera eficiente, un desafío que ha sido históricamente problemático en Perú.

La baja eficiencia del gasto público ha sido un obstáculo recurrente en la ejecución de proyectos de infraestructura. A pesar de que la mayoría de los planes analizados declaran su compromiso con el respeto a las reglas fiscales, la falta de priorización técnica y la ausencia de mecanismos para depurar proyectos que no cuentan con la madurez técnica necesaria son preocupaciones compartidas. Esto podría llevar a que se sigan promoviendo megaproyectos que no necesariamente contribuirán al cierre de las brechas de infraestructura.

Desde el punto de vista de los inversores, la situación actual presenta un escenario de incertidumbre. La posibilidad de que los costos fiscales aumenten podría generar presiones sobre la deuda pública y, por ende, sobre los bonos soberanos. Además, la falta de claridad en la planificación y ejecución de los proyectos podría afectar la confianza de los inversores tanto nacionales como extranjeros, lo que a su vez podría impactar en la estabilidad del tipo de cambio y en el acceso a financiamiento.

A medida que se acercan las elecciones, será crucial monitorear cómo cada partido ajusta sus propuestas en respuesta a la crítica y a la presión pública. Las fechas clave incluyen los debates electorales y la publicación de encuestas que podrían influir en la opinión pública. Además, la forma en que se aborden las asociaciones público-privadas (APP) y la reforma del sistema nacional de inversión pública será un indicador importante de la dirección que tomará la política de infraestructura en el país en los próximos años.