En un contexto donde la falta de vivienda asequible se ha convertido en un tema crítico en España, los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), han solicitado al Gobierno mayor flexibilidad para utilizar el superávit acumulado de aproximadamente 11.500 millones de euros. Este superávit, que se espera que alcance los 15.000 millones en los próximos años, podría ser clave para abordar la crisis de vivienda que afecta a muchas familias, especialmente a jóvenes y grupos vulnerables.

La situación financiera de los ayuntamientos ha mejorado notablemente desde la crisis de hace más de una década, gracias a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley ha limitado el gasto de las corporaciones locales, permitiéndoles acumular superávit, pero ahora los alcaldes buscan un cambio que les permita decidir sobre la inversión de esos fondos, especialmente en proyectos de vivienda social.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha enfatizado que el dinero disponible debería ser utilizado por los gobiernos locales para atender las necesidades de sus comunidades. La falta de vivienda social en España, que representa solo el 3,3% del total de viviendas, contrasta con la media del 8% en Europa, lo que resalta la urgencia de construir un parque público de vivienda social que pueda aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario.

La AIREF ha pronosticado que los ayuntamientos terminarán 2025 con un saldo positivo del 0,2% del PIB, lo que indica que hay recursos disponibles para invertir en infraestructura social. La propuesta de utilizar el superávit para construir viviendas asequibles podría no solo mejorar la situación habitacional, sino también contribuir a la estabilidad social y económica en el país.