El Gobierno de España ha decidido retomar las negociaciones con los sindicatos para implementar una jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). Esta medida, que busca reducir la actual jornada de 37,5 horas, tiene como objetivo ser aprobada en marzo, tras un paréntesis en las negociaciones debido a las elecciones en Castilla y León.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha convocado a los sindicatos a dos reuniones técnicas, la primera de las cuales se llevará a cabo el 19 de marzo. En estas reuniones se abordarán las condiciones y los colectivos que se verán afectados por esta reducción de jornada, que podría beneficiar a más de 200,000 empleados públicos, aunque se prevé que ciertos grupos, como el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, queden excluidos.

Además de la jornada laboral, el Gobierno también tiene planes para discutir la oferta pública de empleo para 2026 en una reunión programada para el próximo martes. Este enfoque busca acelerar la creación de empleo público, que suele retrasarse hasta julio, y también se abordará la inclusión de personas con discapacidad en el acceso a estos puestos.

La implementación de la jornada de 35 horas podría tener un impacto significativo en la dinámica laboral en España, afectando no solo a los empleados públicos, sino también a los ayuntamientos que referencian su jornada a la del Estado. La modificación de horarios y jornadas se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez que se complete el proceso de negociación.