Glovo ha comunicado su intención de llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que impactará a un máximo de 750 repartidores en 60 ciudades de España. Esta decisión se produce menos de un año después de que la empresa completara su transición a un modelo de contratación asalariada, abandonando el controvertido esquema de autónomos que había sido objeto de críticas y sanciones por parte del Gobierno y la justicia.

La compañía ha argumentado que esta medida es necesaria para reducir su operativa en localidades donde enfrenta complicaciones operativas, buscando evitar un cierre total de sus servicios. A pesar de este ajuste, Glovo continuará operando en más de 800 ciudades en España, manteniendo su modelo habitual en la mayoría de las localidades.

El anuncio no ha sorprendido al sector, ya que el sindicato CC OO había denunciado previamente la posibilidad de un ERE encubierto debido a despidos recientes. La situación refleja las tensiones entre la empresa y los trabajadores, quienes han advertido sobre prácticas antisindicales y han amenazado con movilizaciones si no se mejoran las condiciones laborales.

Este cambio en Glovo se produce en un contexto más amplio de transformación en el sector de entrega de comida, donde otras empresas como Uber Eats también han tenido que adaptarse a nuevas regulaciones laborales. La presión del Gobierno español para regularizar la situación de los repartidores ha llevado a un cambio significativo en el modelo de negocio de estas plataformas, lo que podría tener repercusiones en su rentabilidad y en el mercado laboral en general.