En España, el número de pisos turísticos ha disminuido en un 10,7% en comparación con el año anterior, lo que equivale a casi 40.000 viviendas menos. Este descenso, reportado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), representa el segundo mayor retroceso interanual en los últimos seis años. La reducción se atribuye a la implementación de la Ventanilla Única Digital y a la reciente reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que otorga a los vecinos la capacidad de vetar el uso turístico de sus propiedades. Sin embargo, la anulación del registro estatal por parte del Tribunal Supremo aún no ha tenido un impacto significativo en estas cifras, lo que sugiere que la crisis de vivienda en el país sigue sin resolverse.

A pesar de la disminución en los pisos turísticos, el problema del acceso a la vivienda se mantiene como una preocupación crítica. En regiones como Canarias, la saturación es evidente, con 4,44 pisos turísticos por cada 100 hogares. En contraste, en Madrid, donde la búsqueda de vivienda se ha vuelto un desafío para miles de personas, los pisos turísticos representan solo el 0,45% del total. Esto indica que la reducción de los pisos turísticos no es suficiente para abordar la crisis de vivienda, que requiere un enfoque más amplio y soluciones estructurales.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha calificado el acceso a la vivienda como una “emergencia nacional”, lo que resalta la gravedad de la situación. La falta de vivienda asequible afecta a un amplio espectro de la población, especialmente a los jóvenes y a las familias de bajos ingresos. La situación se complica aún más por el aumento de los precios de la vivienda, que han crecido significativamente en los últimos años, lo que dificulta aún más la posibilidad de acceder a una vivienda digna.

Desde el punto de vista de los inversores, la situación en el mercado inmobiliario español presenta tanto riesgos como oportunidades. La disminución de los pisos turísticos podría abrir la puerta a un aumento en la oferta de viviendas para residentes, lo que podría estabilizar los precios a largo plazo. Sin embargo, la incertidumbre sobre las políticas futuras y la regulación del mercado turístico puede generar volatilidad en el sector. Los inversores deben estar atentos a las decisiones políticas que puedan influir en la legislación de la vivienda y en el mercado turístico, así como a los cambios en la demanda de vivienda en diferentes regiones del país.

De cara al futuro, es fundamental monitorear las políticas que se implementen para abordar la crisis de vivienda en España. La discusión sobre la regulación del alquiler y la posibilidad de nuevas reformas en la Ley de Propiedad Horizontal serán claves para entender cómo evolucionará el mercado. Además, la situación económica general, incluida la inflación y el crecimiento del PIB, influirá en la capacidad de los ciudadanos para acceder a la vivienda. Es probable que en los próximos meses se intensifiquen los debates sobre estas cuestiones, especialmente a medida que se acerquen las elecciones generales en España, programadas para finales de 2023.