El nuevo presidente interino del Cade, Diogo Thomson de Andrade, anunció la intención de reforzar la estructura del organismo con la creación de un equipo específico para investigar a las grandes plataformas tecnológicas, conocidas como big techs. Esta medida responde a la creciente complejidad y volumen de los casos relacionados con la economía digital, que actualmente son analizados por una coordinación general que abarca todas las conductas empresariales. La propuesta incluye la posibilidad de contar con entre seis y ocho técnicos dedicados exclusivamente a este tipo de investigaciones.

La iniciativa se desarrollará independientemente del proyecto de ley que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, el cual busca establecer un marco regulatorio específico para las plataformas digitales. Este proyecto, elaborado por el equipo económico del gobierno de Lula, otorga al Cade poderes preventivos para identificar empresas con posiciones estratégicas en los mercados digitales y establecer obligaciones para prevenir prácticas anticompetitivas. La regulación se inspira en modelos europeos, aunque enfrenta resistencia de parte del sector tecnológico que teme un aumento en los costos regulatorios y un impacto negativo en la innovación.

La creación de una superintendencia específica para las big techs es vista como una respuesta necesaria ante la velocidad de los cambios en los mercados digitales. Thomson destacó que los instrumentos tradicionales de defensa de la competencia han tenido éxito, pero son insuficientes para abordar los desafíos que presentan las plataformas tecnológicas. Un ejemplo reciente es el acuerdo alcanzado con Apple, que obligó a la empresa a abrir alternativas de pago en su sistema operativo tras ser investigada por prácticas anticompetitivas.

Desde el punto de vista financiero, la regulación de las big techs podría tener implicancias significativas para el mercado argentino. Las empresas tecnológicas que operan en la región, como Google y Meta, podrían enfrentar mayores costos de cumplimiento que impacten en sus márgenes de ganancia. Además, los inversores deben estar atentos a cómo estas regulaciones podrían influir en la competitividad de las empresas locales frente a los gigantes tecnológicos internacionales.

A futuro, será crucial monitorear la evolución del proyecto de ley en la Cámara de Diputados y las negociaciones que el Cade deberá llevar a cabo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como con el Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos. La aprobación de este marco regulatorio podría requerir una ampliación del presupuesto del Cade, lo que a su vez podría afectar la capacidad operativa del organismo en su nueva función de supervisión de las big techs.