Este año, Budapest se ha convertido en un escenario de celebración para la comunidad LGBTQIA+, marcando un hito histórico al permitir la exhibición de banderas arcoíris en sus calles y puentes. La policía ha reconocido oficialmente la marcha del Pride, programada para el 27 de junio, lo que representa un cambio significativo respecto a la hostilidad del gobierno anterior. Sin embargo, esta celebración no puede ocultar el desafío central que enfrenta la comunidad: las leyes que criminalizan la participación en el Pride y permiten la vigilancia biométrica de los manifestantes siguen vigentes.

Desde la llegada al poder del nuevo gobierno de Péter Magyar, existe una expectativa sobre si se convertirá en un agente de cambio que desmantelará la infraestructura legal heredada del gobierno de Orbán. En marzo de 2025, el gobierno anterior aprobó enérgicamente enmiendas que clasificaban la participación en el Pride como una infracción menor y ampliaban el uso de reconocimiento facial para cubrir todas las infracciones menores. Esto permitió a la policía identificar a los participantes de la marcha, lo que generó una respuesta pública abrumadora, con cientos de miles de personas rechazando los intentos del gobierno de marginar a la comunidad LGBTQIA+.

A pesar de la gran afluencia en la marcha del año pasado, que evitó que se iniciaran procedimientos por infracciones menores contra los participantes, se lanzaron acciones penales contra los organizadores, incluyendo al alcalde de Budapest. Aunque la ley no se aplicó, la presencia de camiones equipados con cámaras biométricas alrededor de la marcha tenía como objetivo disuadir la participación. Este enfoque no solo busca castigar, sino también desalentar a los ciudadanos a ejercer su derecho a la protesta, un principio que sigue arraigado en la legislación húngara actual.

El nuevo apoyo público del gobierno hacia el Pride y la comunidad LGBTQIA+ es un paso positivo, pero la derogación de las leyes restrictivas es crucial para la restauración democrática. Organizaciones de la sociedad civil han instado al nuevo gobierno a actuar de inmediato para eliminar las enmiendas anti-LGBTQIA+, restaurar la libertad de reunión y lanzar una consulta pública sobre la vigilancia biométrica. Estas demandas trascienden los derechos LGBTQIA+, buscando restaurar el estado de derecho en el país.

Un aspecto alarmante de la ley de 2025 fue la expansión del reconocimiento facial a todas las infracciones menores, lo que plantea preocupaciones profundas para la democracia. La vigilancia biométrica en espacios públicos permite a las autoridades rastrear a las personas sin su conocimiento, lo que puede enfriar la participación en protestas. Esto es precisamente lo que llevó a la Unión Europea a adoptar prohibiciones estrictas en su Ley de Inteligencia Artificial, que prohíbe el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos para fines de aplicación de la ley, salvo en circunstancias excepcionales. La falta de acción decisiva por parte de la Comisión Europea ante la legislación húngara que permite tales prácticas refuerza la necesidad urgente de reformas legislativas para proteger las libertades y restaurar las normas democráticas.