El Gobierno argentino ha decidido priorizar su agenda económica en el Congreso, enfocándose en el tratamiento del Super RIGI y el pago de 170 millones de dólares a los fondos holdouts. Este movimiento busca captar inversiones extranjeras en sectores tecnológicos y evitar litigios con bonistas internacionales. El acuerdo con la Justicia de Estados Unidos implica el pago a acreedores que no participaron en los canjes de deuda tras la crisis de 2001, con 67 millones de dólares destinados a Bainbridge y 104 millones a Attestor Value Master Fund. Un diputado aliado a La Libertad Avanza ha señalado que el Gobierno está apurado, ya que la fecha límite acordada es el 30 de junio.

Una de las principales novedades del proyecto del nuevo régimen de grandes inversiones es la inclusión de la cláusula de "Compre Nacional", que establece que al menos el 20% de la inversión debe destinarse a proveedores locales. Aunque la Unión Industrial Argentina (UIA) había solicitado un porcentaje específico para bienes industriales, el texto actual se refiere a "bienes, servicios y/u obras", lo que ha generado preocupación sobre la posibilidad de que algunos proyectos, como el minero de 18.000 millones de dólares en San Juan, terminen utilizando materiales importados de países como China.

El Super RIGI, que fue elevado al Congreso hace un mes, se alinea con los intereses de grandes empresas estadounidenses y ofrece incentivos más agresivos que el RIGI anterior. Por ejemplo, el impuesto a las Ganancias se reduce del 35% al 15%, las retenciones a exportaciones son cero desde el inicio y se eliminan los derechos de importación para bienes vinculados a los proyectos. Además, las contribuciones patronales para nuevos empleos se reducen del 24% al 10%. Sin embargo, el Super RIGI está diseñado para nuevos sectores, con un piso de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que deja fuera a muchas industrias tradicionales.

El lanzamiento de estos regímenes de gran escala ha sorprendido a muchos analistas, ya que la normativa suele ser sectorial o territorial. La implementación del RIGI y el Super RIGI representa un cambio significativo en el sistema tributario argentino, que incluye un blindaje "anticepo". Esto implica una eliminación progresiva de la obligación de liquidar divisas, permitiendo que el 20% de las divisas generadas por las inversiones sean de libre disponibilidad en el primer año, aumentando al 100% a partir del tercer año. Este cambio podría llevar a una apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, lo que afectaría a sectores más intensivos en mano de obra que no calificarían para estos regímenes.

Desde el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) se ha advertido que los beneficios cambiarios permitirán que las inversiones operen en Argentina sin necesidad de inyectar dólares en la economía local. Esta situación ha generado críticas sobre la falta de exigencias a cambio de los incentivos ofrecidos. A medida que se avanza en la discusión de estos proyectos, es crucial monitorear cómo se desarrollarán las negociaciones en el Congreso y qué impacto tendrán en la economía local y en la atracción de inversiones extranjeras en un contexto regional complejo, especialmente con la situación económica en Brasil y otros países vecinos.