La situación actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) revela una preocupante tendencia en la producción de combustibles, con cifras que indican que la producción de gasolina y diésel se encuentra en niveles inferiores a los de hace más de una década. A pesar de la estrategia del gobierno mexicano de buscar una mayor soberanía energética, los datos de 2026 muestran que el país está sacrificando ingresos fiscales sin obtener los beneficios esperados. Durante el primer cuatrimestre de 2026, los ingresos petroleros del gobierno sumaron 311.5 mil millones de pesos, el nivel más bajo para ese periodo desde la pandemia de 2020, lo que representa una caída real de 5.9 puntos en comparación con el año anterior.

A pesar de que la Mezcla Mexicana de Exportación ha promediado más de 81 dólares por barril entre enero y abril de 2026, los ingresos petroleros no han logrado recuperarse. En algunos días, el precio del crudo ha superado los 100 dólares por barril, lo que debería haber beneficiado a las finanzas públicas. Sin embargo, la producción de petróleo se ha mantenido estancada, promediando 1.652 millones de barriles diarios en los primeros meses de 2026, un incremento marginal respecto a los 1.615 millones de barriles diarios de 2025, y aún lejos de los niveles históricos que alguna vez tuvo la industria.

La reducción de las exportaciones de petróleo también ha sido notable, con Pemex exportando solo 409 mil barriles diarios, lo que representa apenas una cuarta parte de su producción total y el menor nivel en más de una década. Este cambio en la estrategia, que busca transformar el crudo en combustibles de mayor valor agregado, no ha logrado los resultados esperados. La producción de gasolinas promedia 399 mil barriles diarios en 2026, aún por debajo del promedio de 420 mil barriles diarios entre 2010 y 2014. En cuanto al diésel, la producción actual alcanza 280 mil barriles diarios, que aunque es el mayor volumen desde 2015, sigue siendo inferior a los más de 300 mil barriles diarios de 2012 y 2013.

La consecuencia de esta situación es una menor capacidad para convertir la riqueza petrolera en ingresos públicos. Aunque el petróleo es considerado propiedad de todos los mexicanos, el gobierno no puede distribuir barriles entre la población. La forma en que esta riqueza beneficia a la sociedad es a través de los ingresos que genera, que tradicionalmente han financiado servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad. Sin embargo, esta lógica se ha debilitado, ya que de los ingresos petroleros registrados hasta abril, la aportación directa de Pemex a la Federación fue de solo 73.3 mil millones de pesos, mientras que el gobierno transfirió 76.5 mil millones de pesos a la empresa, resultando en un saldo negativo de 3.2 mil millones de pesos.

La pregunta que surge es si la estrategia energética del gobierno está generando valor para los ciudadanos. Con los altos precios internacionales del petróleo, se presentaba una oportunidad excepcional para fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, la combinación de una producción estancada, exportaciones en mínimos históricos y una refinación que no supera los niveles de hace más de diez años ha impedido que esta bonanza se traduzca en mayores recursos para el país. La soberanía energética no debería medirse únicamente por la cantidad de barriles refinados dentro de las fronteras nacionales, sino también por la capacidad de convertir los recursos petroleros en bienestar colectivo. Bajo este criterio, los resultados siguen quedando por debajo de las expectativas.