La judicialización de accidentes y enfermedades laborales en Argentina ha mostrado un incremento notable en los primeros meses de 2026, con un aumento del 12% en la provincia de Santa Fe en comparación con el año anterior. Este fenómeno se ha intensificado desde la pospandemia, y los datos revelan que en Santa Fe se registraron 419,4 juicios por cada 10.000 trabajadores asegurados, cifra que supera ampliamente el promedio nacional de 132,8 juicios por cada 10.000. Este aumento en la litigiosidad se produce a pesar de la implementación de la ley 27.348 en 2017, que buscaba reducir la judicialización al establecer un proceso previo de evaluación médica antes de iniciar juicios.

El contexto de esta judicialización se complica por la falta de cumplimiento de varios aspectos de la ley mencionada. Aunque 18 jurisdicciones han adherido a la normativa, ninguna ha implementado el cuerpo médico forense que debería evaluar los casos antes de que lleguen a los tribunales. Esto ha generado disparidades significativas en los porcentajes de incapacidad determinados por las comisiones médicas administrativas en comparación con los peritajes judiciales, donde la brecha promedio supera los 12 puntos porcentuales. Esta diferencia impacta directamente en las indemnizaciones y, por ende, en los costos que deben afrontar los empleadores, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La situación actual presenta un desafío considerable para el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). En el primer cuatrimestre de 2026, se registraron 39.687 nuevas demandas, lo que sugiere que el total de juicios podría alcanzar un récord de 138.000 para fin de año si no se implementan medidas efectivas para frenar esta tendencia. Este aumento en la litigiosidad no solo afecta a las ART, sino que también repercute en la economía en general, ya que los costos adicionales derivados de estas demandas pueden trasladarse a los precios de los productos y servicios, afectando la competitividad de las empresas.

Los datos indican que, a pesar de la disminución en la siniestralidad laboral, que ha caído un 70% en los últimos 15 años, la cantidad de juicios ha crecido. Este fenómeno sugiere que la problemática no radica únicamente en la frecuencia de los accidentes, sino en la forma en que se evalúan y determinan las incapacidades. En este sentido, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ha señalado que la clave para resolver esta paradoja radica en la revisión de los peritajes médicos, que actualmente son objeto de críticas por su falta de objetividad y uniformidad en la evaluación.

A futuro, es crucial monitorear cómo las provincias avanzan en la implementación de los cuerpos médicos forenses y si se logran establecer criterios más uniformes para la evaluación de incapacidades. La creación de estos cuerpos podría ayudar a reducir la litigiosidad y a establecer un sistema más equitativo para la determinación de indemnizaciones. Además, el impacto de la judicialización en los costos laborales y la sostenibilidad del sistema de ART será un tema a seguir de cerca, especialmente en un contexto donde las pymes enfrentan desafíos significativos para mantener su competitividad en el mercado.