En el primer trimestre de 2026, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) en Argentina enfrentaron un aumento significativo en la judicialidad laboral, con 26.697 nuevos juicios, lo que representa un incremento del 3,4% en comparación con el mismo período de 2025. Este crecimiento ha llevado a la Unión de ART a proyectar que el año podría cerrar con un récord de más de 38.000 litigios, lo que refleja una tendencia preocupante en el sistema laboral argentino. Solo en marzo, se registraron 13.260 reclamos, un 13% más que en marzo de 2025, lo que indica que la conflictividad laboral sigue en aumento.

El aumento en la judicialidad no es uniforme en todo el país. En provincias como Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Buenos Aires, se observaron incrementos interanuales en la cantidad de juicios, con subas del 16,2%, 8,3% y 2%, respectivamente. En contraste, Mendoza y Córdoba vieron una disminución en los nuevos juicios, con caídas del 12,7% y 8,9%. Este comportamiento dispar sugiere que las condiciones laborales y la gestión de los conflictos varían significativamente según la jurisdicción, lo que podría influir en la estrategia de las ART y las empresas en general.

Históricamente, el año 2025 ya había marcado un aumento del 6,4% en el número de juicios, alcanzando un total de 134.141 casos, la cifra más alta desde la implementación del sistema de ART en 1996. Este aumento en la litigiosidad ha generado preocupación entre los empleadores y las aseguradoras, ya que el índice de litigiosidad por cada 10.000 personas cubiertas se situó en 132,8, un incremento del 7,2% respecto al año anterior. La situación se complica aún más con la falta de conformación de cuerpos médicos forenses, que según los expertos, son esenciales para evaluar de manera objetiva las incapacidades y reducir la incertidumbre en el proceso judicial.

La reciente ley de Modernización Laboral, aunque aprobada, ha sido en gran parte suspendida por la Justicia, lo que ha limitado su impacto en la reducción de la judicialidad laboral. Esta ley incluía la implementación de cuerpos médicos forenses, que podrían aportar un enfoque más profesional y ordenado en la evaluación de incapacidades. Sin embargo, la falta de cumplimiento de esta normativa ha perpetuado la industria del juicio, donde muchos casos que llegan a la justicia son de personas con incapacidad del 0% que buscan reconocimiento de daños indemnizables. Esto no solo afecta a las ART, sino que también genera un clima de incertidumbre para los empleadores.

A futuro, es crucial monitorear cómo se desarrollan las reformas laborales y la implementación de los cuerpos médicos forenses en las distintas jurisdicciones. La reciente creación de peritos médicos forenses en Santa Fe y la aprobación de reformas en la ley procesal en esa provincia son pasos positivos, pero aún queda mucho por hacer. La disparidad en la judicialidad entre provincias como Salta y San Luis, donde el índice de litigiosidad varía drásticamente, sugiere que las soluciones deben ser adaptadas a las realidades locales. Con más de 10 millones de trabajadores asegurados en el sistema de ART, la evolución de esta problemática tendrá implicancias significativas para el mercado laboral y la economía en general.