La situación de las tarjetas de crédito en Argentina ha tomado un giro preocupante, con un aumento significativo en la morosidad que ha alcanzado el 11,7% en marzo de 2026, un salto alarmante desde el 1,9% a finales de 2024. Este incremento se ha visto impulsado por la combinación de una economía en desaceleración y el aumento abrupto de las tasas de interés, que se dispararon entre julio y septiembre de 2025, alcanzando incrementos anuales de hasta el 60%. La caída en el poder adquisitivo de los hogares ha llevado a un uso creciente de las tarjetas para financiar gastos cotidianos, lo que ha contribuido a la acumulación de deudas insostenibles para muchas familias.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, el uso de tarjetas de crédito en supermercados ha crecido del 39% al 46% del total de ventas, a pesar de la caída en el uso de efectivo y tarjetas de débito. Este fenómeno se ha visto favorecido por promociones comerciales y la actualización de límites de crédito por parte de los bancos, que buscaban incentivar el uso del plástico en un contexto de ingresos reales cada vez más bajos. Sin embargo, a partir de julio de 2025, la eliminación desordenada de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) y la inestabilidad cambiaria llevaron a un aumento drástico en las tasas de interés, lo que ha exacerbado la situación de morosidad.

Los bancos han comenzado a reaccionar ante este aumento de la morosidad, aunque sus respuestas varían. Mientras que la banca pública, como el Banco Nación, ha lanzado líneas de refinanciación con tasas fijas que van desde el 35% hasta el 65% y plazos de hasta 72 meses, la banca privada ha optado por estrategias más sutiles, enfocándose en la comunicación con los clientes para ofrecer alternativas de regularización de deudas. Esta diferencia en la respuesta puede ser un indicativo de cómo cada entidad está manejando su exposición al riesgo de crédito en un entorno tan volátil.

El impacto de la morosidad en el consumo es significativo, ya que afecta directamente la capacidad de las familias para acceder a financiamiento y, por ende, su poder de compra. Con un 26,9% de morosidad en entidades no bancarias, como fintechs y cooperativas, la situación es aún más crítica. Esto podría llevar a una contracción del consumo en sectores sensibles, como indumentaria y bienes durables, que dependen en gran medida de las compras a crédito. La falta de crédito disponible y el aumento de la morosidad podrían llevar a una desaceleración económica más profunda, afectando la recuperación del consumo en un año electoral.

De cara al futuro, los próximos meses serán cruciales para observar cómo los bancos y el gobierno manejan esta crisis de morosidad. Con cerca de 30 proyectos legislativos en el Congreso para abordar el sobreendeudamiento, el éxito de estas iniciativas será fundamental para reactivar el consumo. La implementación de medidas efectivas para aliviar la carga de la deuda podría ser clave para mejorar las expectativas económicas y, por ende, la estabilidad financiera de las familias argentinas. Sin embargo, el proceso de reordenamiento de la cartera de créditos será lento, lo que podría limitar el acceso a financiamiento en el corto plazo.