La Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha admitido a trámite una denuncia presentada por SDF Energía (SDFE) contra Transportadora de Gas del Perú (TGP) por presuntos actos de competencia desleal y denigración empresarial. Esta decisión marca el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, donde se evaluará si las conductas atribuidas a TGP han vulnerado las normas de competencia en el mercado energético peruano. Según SDFE, TGP habría obstaculizado sus actividades y las de una empresa vinculada, lo que podría tener repercusiones significativas en el sector energético del país.

El contexto de esta denuncia es relevante, dado que el mercado energético en Perú ha estado bajo un escrutinio creciente en los últimos años. Las empresas del sector han enfrentado diversas controversias relacionadas con la competencia y la regulación. En particular, la legislación peruana permite que se impongan multas de hasta 700 UIT, lo que equivale a aproximadamente S/ 3.9 millones al valor del 2026, si se comprueban las infracciones. Esto no solo afecta a las empresas involucradas, sino que también puede influir en la percepción de los inversores sobre la estabilidad del mercado energético en Perú.

Además, el proceso de denuncia no es el primero en el que SDFE y TGP se ven envueltos. Fuentes del sector han indicado que este asunto ya ha sido abordado en otras instancias, como un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde se ordenó a SDFE cumplir con un pago pendiente a TGP, el cual aún no se ha realizado. Esta historia de disputas legales y administrativas añade una capa de complejidad a la situación actual, y podría influir en la confianza de los inversores en el sector energético peruano.

Para los inversores, la situación actual presenta tanto riesgos como oportunidades. Si TGP es hallada culpable de competencia desleal, podría enfrentar sanciones económicas significativas que afectarían su rentabilidad y, por ende, su valoración en el mercado. Por otro lado, si logra demostrar que las acusaciones son infundadas, podría fortalecer su posición en el mercado y mejorar la confianza de los inversores. La respuesta de TGP a la denuncia, así como la evolución del procedimiento administrativo, serán factores clave a monitorear en los próximos meses.

A futuro, es importante observar cómo se desarrollan las investigaciones y qué medidas tomará Indecopi. La resolución de este caso podría sentar un precedente en la regulación del mercado energético en Perú, lo que podría influir en la inversión extranjera y local en el sector. Además, la reacción de los otros actores del mercado energético, así como la respuesta de los reguladores, será crucial para entender el impacto a largo plazo de esta situación en el ecosistema energético del país.