Esuco, una de las constructoras más emblemáticas de Argentina, ha ingresado en concurso preventivo de acreedores tras casi 80 años de actividad. Fundada en 1948, la empresa ha sido responsable de más de 500 proyectos de infraestructura en el país, incluyendo obras viales, energéticas y de saneamiento. Sin embargo, su situación financiera se ha deteriorado debido a la paralización de la obra pública, la caída de nuevas licitaciones y el aumento de los costos de construcción, lo que ha llevado a la compañía a buscar protección judicial para reestructurar sus deudas con más de 800 acreedores.

La crisis de Esuco es un reflejo de la situación general del sector de la construcción en Argentina, que ha enfrentado una drástica reducción del gasto público en infraestructura, con una caída cercana al 80% en términos reales respecto a 2023. Este desplome ha resultado en la paralización de numerosos proyectos que formaban parte de la cartera de negocios de la empresa. En 2024, la actividad de la construcción se contrajo más de un 27%, lo que ha limitado las oportunidades de negocio y ha dificultado la renovación de contratos que estaban por finalizar.

A pesar de reportar ingresos por $84.664 millones durante 2024, Esuco ha reconocido que esta cifra representa una caída real del 23,7% en comparación con el año anterior. La compañía, que había obtenido una ganancia de $2.849 millones en 2023, cerró 2024 con una pérdida de $6.206 millones, afectada por la caída de la actividad y el aumento de los costos financieros. Este deterioro se ha traducido en una reducción drástica de su plantilla, que pasó de 397 trabajadores en junio de 2025 a solo 70 en abril de 2026.

El conflicto con Energía Argentina (Enarsa) por contratos vinculados a obras estratégicas ha sido otro factor determinante en la crisis de Esuco. La empresa ha señalado que las demoras en la aprobación de certificados de obra y la falta de financiamiento han afectado la ejecución de proyectos clave, como la reversión del Gasoducto Norte, que busca incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país. Este litigio ha generado perjuicios económicos significativos, estimados en aproximadamente $3.700 millones, lo que ha complicado aún más su situación financiera.

La resolución del concurso preventivo será crucial para el futuro de Esuco. La empresa busca reordenar sus pasivos y mantener su actividad en un mercado cada vez más reducido. La recuperación de créditos pendientes, especialmente aquellos vinculados a contratos energéticos, será determinante para su viabilidad. En un contexto donde la obra pública ha sufrido un cambio de ciclo profundo, Esuco enfrenta el desafío no solo de ganar nuevas licitaciones, sino de garantizar su propia continuidad en un sector que atraviesa una crisis sin precedentes.