En Chile, la administración del Presidente José Antonio Kast se encuentra en una encrucijada tras la reciente decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de autorizar el cobro del IVA a las casas de apuestas ilegales. Esta medida ha generado un fuerte rechazo dentro del oficialismo, que ve en ella una incoherencia con su discurso sobre la seguridad ciudadana. Jorge Trujillo, director del SII, argumentó que su función es aplicar las normas tributarias, pero muchos en el gobierno consideran que gravar actividades ilegales socava la lucha contra el crimen organizado.

La preocupación en el oficialismo se centra en que tributar a estas casas de apuestas podría debilitar el mensaje de seguridad que el gobierno intenta comunicar. En respuesta, la bancada de Renovación Nacional (RN) ha presentado un proyecto de ley que busca prohibir que actividades ilícitas sean consideradas como base imponible para el cobro de impuestos. Este proyecto se fundamenta en la premisa de que los juegos de azar deben estar sujetos a un régimen de legalidad estricto, y que gravar actividades ilegales es jurídicamente incoherente.

El debate se intensifica en un contexto donde el gobierno ha hecho de la seguridad ciudadana su principal prioridad. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, y otros miembros del oficialismo han expresado que la recaudación de impuestos de actividades ilegales podría tener consecuencias negativas, como el aumento de la ludopatía, especialmente entre los jóvenes. Además, se ha señalado que la legalización de estas actividades podría enviar un mensaje contradictorio a la sociedad, que espera una postura firme contra el crimen.

Desde un punto de vista financiero, esta situación podría tener implicancias significativas para el mercado chileno. La incertidumbre sobre la regulación de las casas de apuestas y el tratamiento fiscal que recibirán podría afectar a las empresas involucradas en este sector. Además, la falta de claridad en la legislación podría desincentivar la inversión en plataformas de apuestas legales, lo que a su vez podría limitar la recaudación fiscal a largo plazo. Los inversores deben estar atentos a la evolución de este proyecto de ley y a las discusiones en el Senado, donde se espera que se aborde la legalidad de estas plataformas en las próximas semanas.

A medida que el gobierno se acerca a los 100 días de gestión, la presión por establecer un marco regulatorio claro y coherente se intensifica. La discusión sobre el IVA a las casas de apuestas ilegales no solo es un tema de recaudación, sino que también plantea preguntas sobre la dirección que tomará la política de seguridad del gobierno. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se desarrollan las iniciativas legislativas y qué impacto tendrán en la percepción pública de la administración Kast, así como en la estabilidad del mercado.