El presupuesto destinado a la seguridad en Perú ha experimentado un notable incremento en los últimos años, alcanzando más de S/ 17,300 millones en 2025, lo que representa un aumento del 42% respecto a los S/ 12,100 millones asignados en 2019. Sin embargo, a pesar de este aumento significativo en los recursos, la criminalidad no ha mostrado signos de disminución, lo que ha generado preocupación entre el empresariado y la población en general. En 2023, se han destinado más de S/ 16,220 millones, pero la ejecución de estos fondos aún no ha alcanzado el 100%, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la gestión de estos recursos.

El contexto de la seguridad en Perú es complejo. A pesar de que la ejecución del presupuesto ha mejorado en los últimos años, con tasas que oscilan entre el 90% y el 96% desde 2021, la ola de criminalidad sigue afectando la economía del país. La inseguridad se ha convertido en un tema prioritario para el nuevo gobierno, independientemente de quién asuma la presidencia. La pregunta que surge es: ¿por qué, a pesar de contar con mayores recursos, la delincuencia continúa en aumento?

Expertos como José Elice, exministro del Interior, señalan que gran parte del presupuesto se destina a gastos operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que cuenta con entre 120,000 y 140,000 efectivos. Esto significa que los recursos se consumen en sueldos y gastos corrientes, dejando poco para inversiones en tecnología y equipamiento especializado. Además, la existencia de más de 20 escuelas policiales ha sido criticada, sugiriendo que deberían ser menos para garantizar una formación de calidad.

Alonso Flores, investigador del Instituto de Criminología, también destaca que la concentración del presupuesto en gastos operativos limita la capacidad de la PNP para modernizarse. Entre 2021 y 2025, el presupuesto del Ministerio del Interior se incrementó en un 25%, pero la falta de ejecución efectiva ha llevado a que se devuelvan al Tesoro Público aproximadamente S/ 310 millones anuales, lo que podría haber financiado la compra de miles de cámaras corporales o la incorporación de más policías a las calles. Esto resalta la necesidad de una gestión más eficiente de los recursos disponibles.

En el futuro, es crucial que el nuevo gobierno implemente un programa presupuestal orientado a resultados que vincule claramente los recursos públicos con intervenciones específicas en materia de seguridad. La experiencia demuestra que combatir el crimen requiere capacidades técnicas que no siempre están presentes en la formación policial. Por lo tanto, es fundamental que se realicen cambios en la administración del presupuesto y se evalúe la gestión de los recursos para asegurar que cada sol invertido contribuya efectivamente a reducir la criminalidad y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentarla.