Recientemente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil emitió dos decisiones que restringen la contratación de préstamos consignados por parte de jubilados y pensionistas del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). Estas decisiones se consideran una derrota significativa para el sector bancario, ya que limitan prácticas que han sido comunes en la oferta de estos créditos. En particular, el tribunal declaró abusivas las visitas domiciliarias realizadas por representantes bancarios para cerrar contratos, así como la validez de contratos firmados digitalmente por personas analfabetas.

El préstamo consignado del INSS es un tipo de crédito que se descuenta directamente de la jubilación o pensión del beneficiario. En 2026, aproximadamente 3,4 millones de beneficiarios contrataron préstamos por un total de R$ 22,665 millones, lo que representa una parte considerable del movimiento anual de R$ 100 mil millones en este tipo de créditos. La Asociación de Correspondentes Bancarios (Abcorban) ha expresado que estas medidas representan un retroceso en el acceso al crédito, especialmente en regiones donde los servicios bancarios son limitados.

Las decisiones del STJ se fundamentan en la protección de los derechos de los consumidores, particularmente de los adultos mayores, quienes suelen ser más vulnerables a prácticas abusivas. La ministra Nancy Andrighi, relatora del caso, argumentó que las visitas domiciliarias a personas mayores podrían considerarse una violación de su dignidad y derechos, mientras que la invalidación de contratos digitales para analfabetos se basa en la necesidad de proteger a aquellos que no pueden comprender completamente los términos de un acuerdo.

Desde el punto de vista del inversor, estas decisiones podrían generar un impacto en la rentabilidad de los bancos que dependen de este tipo de crédito para mantener sus márgenes de ganancia. La restricción en el acceso a préstamos más baratos podría llevar a una disminución en la demanda de estos productos, afectando así los ingresos de las instituciones financieras. Además, la implementación de nuevas regulaciones podría requerir que los bancos ajusten sus modelos de negocio para cumplir con las nuevas normativas, lo que podría resultar en costos adicionales.

A futuro, será crucial monitorear cómo los bancos se adaptan a estas decisiones y si implementan cambios en sus estrategias de marketing y en la forma en que ofrecen préstamos. La respuesta del sector bancario a estas limitaciones podría influir en la percepción del riesgo asociado a las acciones de estas instituciones. Asimismo, el INSS ha comenzado a implementar medidas para prevenir fraudes en la contratación de préstamos, lo que podría tener un efecto adicional en el mercado de crédito en Brasil.