La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) ha presentado un plan ambicioso para reactivar el sector de la construcción mediante la creación de hipotecas a 30 años, utilizando fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este esquema busca superar la actual inercia del mercado inmobiliario, donde las obras están frenadas a pesar de que la actividad económica muestra signos de recuperación. La propuesta se fundamenta en la necesidad de apalancar el crédito hipotecario sin depender de subsidios del Tesoro, lo que podría facilitar el acceso a la vivienda para muchos argentinos.

El diagnóstico del sector constructor indica que la principal barrera para la reactivación es técnica. Actualmente, el sistema bancario opera con depósitos de corto plazo, lo que dificulta la posibilidad de otorgar créditos a largo plazo. La solución planteada por Camarco implica la securitización de hipotecas, donde los bancos seguirían originando el crédito, pero empaquetarían estos préstamos para ser vendidos en el mercado de capitales. Esto permitiría atraer inversiones institucionales y, a su vez, ofrecer créditos a plazos más largos a los consumidores.

El FGS, que administra un portafolio de aproximadamente USD 64.800 millones, jugaría un papel crucial en este plan. La propuesta incluye la creación de un "Fondo Fiduciario de Capitalización de Hipotecas", que se financiaría mediante la liquidación de acciones de empresas privadas que actualmente posee el Estado. Este enfoque no solo busca diversificar las inversiones del FGS, sino también generar un flujo constante de recursos para el sector de la construcción, que enfrenta serios desafíos en su financiamiento.

Además, el plan contempla una reforma en el funcionamiento del FAL, permitiendo que parte de sus recursos se destinen a hipotecas securitizadas. Esta medida podría transformar un fondo que hoy es mayormente pasivo en un motor de financiamiento para la vivienda. En otros países, fondos similares han logrado financiar entre el 3% y el 4% de las indemnizaciones por despido, lo que sugiere un potencial significativo para el crédito a largo plazo en Argentina.

La implementación de este plan dependerá de la decisión del Gobierno, que deberá modificar la legislación actual para permitir la inversión de estos fondos en el mercado inmobiliario. Con el marco legal ya vigente, la Cámara espera que se emita una instrucción del Poder Ejecutivo para comenzar a aplicar estas medidas. La posibilidad de movilizar el crédito hipotecario sin afectar el déficit fiscal es un aspecto que podría ser bien recibido por el mercado, especialmente en un contexto donde la búsqueda de financiamiento es cada vez más crítica para el crecimiento económico del país.