El Gobierno argentino ha implementado un nuevo sistema de fiscalización de semillas que modifica la relación entre los productores agropecuarios y las empresas que desarrollan variedades genéticas. A través de la Resolución Conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, se establece un protocolo de control de identidad varietal en grano, que se aplicará a partir de muestras tomadas en los puntos de entrega de la cosecha, como acopios, cooperativas y puertos de exportación. Esta medida, que fue oficializada el lunes, busca fortalecer el control en la cadena comercial y se considera un paso importante en la regulación del uso de semillas en el país.

La norma se aplica únicamente a las variedades que se inscriban a partir de su publicación, lo que limita su alcance inmediato, pero establece un precedente para el control de todas las variedades registradas en el futuro. El nuevo sistema toma como modelo el anterior mecanismo Bolsatech, que se utilizó para detectar la variedad Intacta de Monsanto en la cadena de comercialización. Con esta nueva regulación, se generaliza el control a todos los cultivos autógamos, como soja, trigo y algodón, permitiendo a las empresas obtentoras de semillas reclamar regalías por el uso de sus desarrollos.

El debate sobre la propiedad intelectual en semillas ha sido un tema candente en Argentina durante décadas. La Ley de Semillas vigente, sancionada en 1973, permite a los productores guardar parte de su cosecha para resembrarla sin pagar nuevamente por la tecnología genética. Sin embargo, las empresas obtentoras han argumentado que esto ha generado un mercado informal de semillas que les impide cobrar regalías. La reciente resolución se produce en un contexto donde el Gobierno había descartado una reforma legislativa directa, optando por avanzar en la regulación existente para fortalecer el control en la cadena comercial.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida como un paso hacia la modernización del sector agropecuario, señalando que el atraso de Argentina en rendimientos agrícolas en comparación con países como Brasil y Estados Unidos se debe a la falta de protección efectiva de la propiedad intelectual en semillas. Sturzenegger comparó los rendimientos del algodón en Argentina, que rondan los 600 kilos por hectárea, con los más de 1.800 kilos en Brasil, argumentando que la diferencia se origina en la protección de derechos de obtentores. Además, destacó que el crecimiento de la productividad en soja en Argentina ha sido la mitad de la velocidad mundial en las últimas décadas.

Para los inversores, esta nueva regulación podría tener implicancias significativas. La transferencia de control al sector privado podría generar un entorno más eficiente para la fiscalización de semillas, aunque también podría incrementar los costos operativos que eventualmente se trasladarían a los productores. Sturzenegger estima que, al acercarse a la frontera tecnológica, Argentina podría aumentar sus exportaciones agrícolas en al menos 4.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, los críticos advierten que la falta de voluntad del INASE para fiscalizar adecuadamente la Ley de Semillas vigente sigue siendo un obstáculo.

A futuro, será importante observar cómo se implementa este nuevo sistema y si realmente logra mejorar la fiscalización en el uso de semillas. También será relevante monitorear cualquier avance legislativo relacionado con la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91, que busca restringir el uso propio de semillas, y cómo esto podría afectar la dinámica entre productores y empresas obtentoras. La respuesta de las organizaciones rurales y su propuesta para actualizar la Ley de Semillas también será un factor clave a seguir en los próximos meses.