México enfrenta un deterioro económico alarmante que se ha manifestado en recientes rebajas de calificación crediticia por parte de Moody's y S&P. Estas agencias han señalado el aumento de los déficits fiscales y la crítica situación de Pemex, la empresa estatal de petróleo, como factores determinantes. Sin embargo, el problema subyacente es más profundo: un modelo de gobernanza que se muestra hostil hacia las instituciones independientes y que carece de la previsibilidad jurídica necesaria para atraer inversiones. Esta situación ha llevado a que el país registre su peor crecimiento económico desde la década de 1980, con un PIB real que apenas promedia menos del 1% anual durante el mandato del partido Morena.

A pesar de las oportunidades que ofrecía el nearshoring, México no ha podido capitalizar en su favor, lo que ha resultado en un rendimiento económico inferior al esperado. La falta de confianza en el sistema judicial y la debilidad de las instituciones han llevado a que los inversores se muestren cada vez más cautelosos. La reforma judicial de 2024, que permite la elección popular de jueces federales, ha politizado aún más el sistema judicial, debilitando la independencia de los tribunales y aumentando la incertidumbre sobre la protección de los derechos de propiedad.

Las implicancias de esta situación son preocupantes. La reciente reforma constitucional que permite invalidar elecciones bajo el pretexto de interferencia extranjera es un claro indicativo de cómo el partido en el poder busca consolidar su control. Esto no solo afecta la democracia, sino que también crea un entorno en el que los inversores pueden dudar en comprometer capital en un país donde la transparencia y la rendición de cuentas están en entredicho. La acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el narcotráfico, resalta aún más la compleja relación entre el crimen organizado y la política en México, lo que podría tener repercusiones en la estabilidad del país.

Los mercados financieros tardan en ajustar su percepción del riesgo, y la reciente rebaja en la calificación crediticia de México es un indicativo de que este riesgo está aumentando. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en el país, especialmente con las elecciones presidenciales de 2024 a la vista. La incertidumbre política y económica podría llevar a una mayor fuga de capitales y a un aumento en los costos de financiamiento, lo que afectaría no solo a México, sino también a la región en su conjunto. Las decisiones que tome el gobierno de Sheinbaum en los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo económico del país.

En resumen, la situación en México es crítica y requiere un seguimiento cercano. Las elecciones presidenciales de 2024 serán un punto de inflexión que podría definir el futuro del país. Los inversores deben considerar el contexto político y social al evaluar sus decisiones de inversión, ya que la estabilidad económica está intrínsecamente ligada a la salud de las instituciones democráticas. La falta de confianza en el sistema judicial y el aumento del control político podrían tener efectos duraderos en la economía mexicana y su capacidad para atraer inversión extranjera.