A finales de mayo, Tijuana fue escenario de una marcha masiva en apoyo al internamiento involuntario de personas con problemas de adicción. Este evento, impulsado por grupos conservadores bajo la consigna "a favor de la vida y la familia", se centró en la defensa de la "Patrulla Espiritual", un centro de rehabilitación que ha sido objeto de controversia por su manejo de casos de personas de la diversidad sexual. La movilización fue una respuesta directa a las denuncias de abusos en el tratamiento de Karime, una mujer trans que fue llevada a este centro en contra de su voluntad, lo que generó un fuerte rechazo de colectivos LGBTIQ+ y activistas de derechos humanos.

El caso de Karime se volvió viral tras la difusión de un video donde miembros de la Patrulla Espiritual la interceptaron y la trasladaron a sus instalaciones. Una vez dentro, Karime fue sometida a prácticas que violan su identidad de género, siendo obligada a vestirse con ropa masculina y a cortarse el cabello. Este tipo de prácticas, conocidas como Esfuerzos por Corregir la Identidad de Género y Orientación Sexual (ECOSIG), han sido condenadas a nivel internacional por organizaciones como la ONU, que advierten sobre sus efectos nocivos en la salud mental y física de las personas afectadas.

Desde 2020, la Ciudad de México ha liderado la lucha contra estas terapias de conversión, tipificándolas como delito. Hasta la fecha, 22 estados mexicanos han seguido su ejemplo, mientras que en Baja California, donde se encuentra Tijuana, estas prácticas están prohibidas desde 2022. La presión de la comunidad LGBTIQ+ ha llevado a la Fiscalía General del estado a abrir una investigación sobre el Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh, lo que refleja un cambio en la percepción pública y legal sobre los derechos de las personas de la diversidad sexual.

La situación en Baja California es crítica, ya que la región es un importante punto de entrada de drogas hacia Estados Unidos y presenta altos índices de consumo de sustancias. La falta de regulación en centros de rehabilitación ha sido un tema recurrente, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos alertando sobre la existencia de establecimientos que operan sin reconocimiento estatal. Esto aumenta el riesgo de abusos y violaciones a los derechos humanos, un aspecto que preocupa tanto a activistas como a familiares de personas con problemas de adicción.

A medida que avanza la discusión sobre los derechos humanos en México, el caso de Karime podría ser un punto de inflexión. La comunidad LGBTIQ+ y sus aliados están trabajando en protocolos que garanticen un trato justo y con perspectiva de género en los centros de rehabilitación. Sin embargo, la resistencia de grupos conservadores y la polarización social podrían generar retrocesos en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. La situación en Tijuana es un reflejo de tensiones más amplias en la sociedad mexicana, donde el avance en derechos humanos se enfrenta a un fuerte empuje de la ultraderecha.

Es crucial monitorear cómo se desarrollan las investigaciones en torno al caso de Karime y las posibles repercusiones legales para el Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh. La respuesta del gobierno de Baja California y la presión de la comunidad LGBTIQ+ serán determinantes para el futuro de las políticas de derechos humanos en la región. Además, la evolución de este caso podría influir en la percepción pública sobre las terapias de conversión y su legalidad en otros estados del país, así como en la relación entre la sociedad civil y el gobierno en cuestiones de derechos humanos.