El Senado argentino aprobó el jueves un proyecto de ley que autoriza el pago de USD 171 millones a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, que son parte de los últimos holdouts que mantienen litigios contra el país por el default de 2001. La iniciativa recibió 44 votos a favor y 22 en contra, y ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratada antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo. Este paso es crucial para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia financiera argentina, marcado por la cesación de pagos y las prolongadas disputas legales con acreedores.

La propuesta busca ratificar los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado argentino con acreedores que quedaron fuera del arreglo firmado en 2016 durante la administración de Mauricio Macri. Este acuerdo ya había sido homologado en marzo por la jueza estadounidense Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, lo que le otorga un respaldo judicial que podría facilitar su implementación. El entendimiento contempla una quita superior al 30% respecto de los montos originalmente reclamados por los acreedores, lo que representa una mejora significativa en las condiciones de pago para Argentina.

Los términos negociados establecen que Argentina deberá pagar USD 67 millones a Bainbridge Ltd. y USD 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Este acuerdo es especialmente relevante ya que se trata de dos de los últimos acreedores significativos que mantienen reclamos activos contra el país. La resolución de estos litigios podría abrir la puerta a nuevas oportunidades de financiamiento internacional y mejorar la percepción de riesgo del país en los mercados.

Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria se manifestó en contra de la iniciativa, cuestionando la prioridad otorgada al pago de la deuda en detrimento de otras necesidades urgentes, como el financiamiento universitario y programas sociales. El jefe de la bancada, José Mayans, exigió la presencia del jefe de Gabinete en el Senado para explicar la estrategia financiera del Gobierno, lo que refleja la tensión política en torno a la gestión de la deuda. Por otro lado, el senador libertario Agustín Monteverde defendió el proyecto, argumentando que permitirá cerrar litigios pendientes y evitar futuros costos asociados a disputas legales.

La sanción definitiva de este acuerdo podría tener un impacto significativo en la capacidad de Argentina para acceder a financiamiento internacional. Además, se espera que la resolución de estos litigios permita dejar sin efecto medidas de embargo sobre activos soberanos, lo que podría mejorar la imagen del país ante los inversores. A medida que se acerque la fecha límite del 30 de junio, será fundamental observar cómo se desarrolla el debate en la Cámara de Diputados y si se logran los votos necesarios para la aprobación final del proyecto.